Un video de escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) usados para hacer mercado en Colombia provocó la molestia en las redes sociales debido a la insólita situación que salió a flote.
Las imágenes muestran a un hombre no identificado que es seguido por los dos empleados de seguridad que empujan los carritos en un supermercado, a pesar de que no es su labor oficial.
Precisamente, la revelación sobre esas acciones que causaron la reacción general de los usuarios desembocaron en un anuncio de la entidad en cuestión por esos espacios digitales.
De esa manera, la respuesta llegó el martes 20 de octubre por medio de la cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter) con la clara indisposición por esas publicaciones.
“Ante las recientes denuncias en redes sociales sobre un presunto mal uso de medidas de protección por parte de un beneficiario, la Unidad Nacional de Protección informa que no tolerará estas prácticas y reitera que los esquemas de protección son asignados para salvaguardar vidas y son financiados con recursos públicos”, indicó en la primera parte de su mensaje.
De hecho, el presidente Abelardo de la Espriella había cuestionado a esquemas de la UNP recientemente, al punto de plantear el desmonte en algunos casos en los que se ofrece este apoyo.
De ahí, la UNP remarcó cuáles son las acciones correspondientes que tiene previsto para asumir frente al caso en cuestión y otro tipo de situaciones que quedaron bajo lupa de la entidad.
“Ante estas presuntas irregularidades, se adelantará un riguroso proceso administrativo sancionatorio y se notificará a la empresa contratista para las acciones disciplinarias a que haya lugar contra el personal de protección”, aseveró.
Cabe aclarar que si bien para el caso la Unidad Nacional de Protección no hizo ninguna referencia a la persona que recibe el beneficio de seguridad, sentenció con una advertencia contundente.
“Los recursos del Estado se respetan. La protección es un compromiso con la vida”, concluyó frente a un caso que no pasó desapercibido luego de que lo expusieron en redes sociales.
Este es el video en el que acabó en evidencia el uso de los miembros de seguridad para empujar carritos, lo que reduce su margen de reacción en una eventual situación de riesgo.
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La Unidad Nacional de Protección asigna esquemas de seguridad exclusivamente a ciudadanos pertenecientes a grupos poblacionales específicos que afrontan un riesgo extraordinario o extremo acreditado.
Entre los beneficiarios se encuentran dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas, periodistas, servidores públicos, magistrados y víctimas del conflicto armado interno.
Asimismo, la entidad brinda protección a firmantes de paz, reclamantes de tierras, miembros de la Misión Médica y dirigentes de grupos étnicos constituidos legalmente.
La asignación de las medidas materiales depende de una evaluación técnica realizada por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas del programa.
Para identificar correctamente a los agentes de protección en servicio, los ciudadanos deben observar distintos distintivos institucionales oficiales exigidos por la normatividad nacional.
La Unidad Nacional de Protección administra millonarios recursos públicos destinados a garantizar la seguridad física de ciudadanos e integrantes de poblaciones vulnerables con riesgo elevado.
Un esquema de seguridad promedio en Colombia le representa al Estado un desembolso mensual superior a los 45 millones de pesos por cada beneficiario asignado.
El presupuesto individual varía según la cantidad de personal de escolta asignado, los vehículos utilizados, el tipo de blindaje, el combustible y los peajes requeridos.
En cuanto al talento humano, cada hombre de protección o escolta asignado genera un costo aproximado de 13,8 millones de pesos mensuales a la entidad.
Por su parte, el arrendamiento y mantenimiento de una camioneta blindada de alto nivel representa una erogación mensual cercana a los 17,9 millones de pesos.
Adicionalmente, un vehículo convencional sin blindaje representa para la institución un costo estimado de 8 millones de pesos por cada mes de operación.
Los esquemas de mayor envergadura y complejidad logística, como los asignados a altos dignatarios o excombatientes, pueden superar los 335 millones de pesos mensuales.
Estas cifras corresponden a la contratación de personal, la logística vehicular, los viáticos, los chalecos antibalas, el armamento de dotación y los equipos de radiocomunicación.
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