Así como se viralizó el video de un sacerdote aplastado por una cruz, otro momento registrado en cámaras se ha divulgado de manera masiva por medio de las redes sociales este martes 20 de octubre de 2026.
Se trata de un ciudadano que puso a los dos escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección para llevar carritos en un reconocido supermercado en Colombia, hecho que acabó en un material que la cuenta de Instagram de Aburrá Press replicó.
Si bien no es claro en qué zona del país sucedió esto, el empleo de esquemas de seguridad de la entidad para tareas domésticas como empujar carritos de mercado contraviene el marco legal colombiano.
La normativa estipula que el personal de escoltas tiene la función exclusiva de salvaguardar la vida, integridad y libertad de los ciudadanos beneficiarios en situación de riesgo extremo.
El Decreto 1066 de 2015 del Ministerio del Interior reglamenta el funcionamiento del programa de protección y prohíbe el uso indebido de las medidas asignadas.
La regulación determina expresamente que obligar al personal de seguridad a realizar labores de servicio doméstico o diligencias personales ajenas a la protección constituye una falta sancionable.
Estas actuaciones distraen la atención táctica de los agentes, reducen su capacidad de reacción profesional ante posibles amenazas y comprometen la eficacia operativa de los esquemas.
La Unidad Nacional de Protección invierte millonarios recursos presupuestales del Estado colombiano para evaluar riesgos, financiar vehículos blindados y contratar personal calificado.
Por este motivo, la desviación de estos recursos toward tareas privadas indefendibles impacta negativamente la transparencia institucional y vulnera la confianza ciudadana.
El protocolo oficial establece que el mal uso reiterado de las medidas asignadas faculta a las autoridades a iniciar procesos sancionatorios para suspender o retirar los esquemas.
Igualmente, los organismos de control estatal, como la Procuraduría General de la Nación, adelantan investigaciones disciplinarias contra aquellos funcionarios o esquemas que transgreden los reglamentos operativos.
La ciudadanía exige rigor en el empleo de las garantías de seguridad financiadas con los impuestos del país, evitando privilegios o excesos personales injustificados.
¿A quiénes se les asigna escoltas de la UNP y cómo identificarlos?
La Unidad Nacional de Protección asigna esquemas de seguridad exclusivamente a ciudadanos pertenecientes a grupos poblacionales específicos que afrontan un riesgo extraordinario o extremo acreditado.
Entre los beneficiarios se encuentran dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas, periodistas, servidores públicos, magistrados y víctimas del conflicto armado interno.
Asimismo, la entidad brinda protección a firmantes de paz, reclamantes de tierras, miembros de la Misión Médica y dirigentes de grupos étnicos constituidos legalmente.
La asignación de las medidas materiales depende de una evaluación técnica realizada por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas del programa.
Para identificar correctamente a los agentes de protección en servicio, los ciudadanos deben observar distintos distintivos institucionales oficiales exigidos por la normatividad nacional.
Los escoltas portan una tarjeta de identificación o carné institucional visible con sus datos personales, fotografía reciente, logotipo oficial y firma de la entidad.
Adicionalmente, el personal cuenta con chalecos antibalas dotados con el escudo de la Unidad Nacional de Protección y chalecos reflectivos en operativos viales.
El armamento de dotación, los equipos de comunicación y los vehículos blindados o convencionales cuentan con registros y salvoconductos oficiales vigentes para operar.
Los esquemas de seguridad también están integrados en ocasiones por personal contratado mediante uniones temporales de vigilancia privada avaladas por la Superintendencia de Vigilancia.
Estos escoltas privados deben presentar la identificación de la empresa prestadora junto con el carné que los acredita como prestadores asignados a la entidad pública.
Verificar el carné oficial y contrastar los datos con la línea telefónica institucional de atención al ciudadano evita posibles suplantaciones por parte de delincuentes.
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