La tutela acusaba a López de señalar al senador de ser responsable del caos suscitado durante el paro nacional.

La alcaldesa había dicho que la radicalización que había suscitado desórdenes durante las protestas había sido “abiertamente promovida por senadores como Gustavo Bolívar y otros actores del petrismo“, según recuerda la Agencia de Periodismo Investigativo (API).

“Es absolutamente irresponsable y está directamente correlacionada con que se sigan presentando estos hechos de vandalismo en la ciudad. No hay derecho que para hacer política algunos sectores, como ellos, estén radicalizando jóvenes para enviarlos como carne de cañón e incluso terminen en este tipo de actos vandálicos”, cita ese medio.

El motivo por el que la acción fue declarada improcedente, prosigue la API, es que la mandataria capitalina nunca hizo relación directa a Gustavo Petro, por lo que “no se puede hacer una inferencia a que la demandada esté refiriendo a él como autor de la radicalización de los jóvenes, ni al grupo político Colombia Humana, que representa“.

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La propia López celebró la decisión, trinando que “pretendían censurar la libertad de expresión y el control político a sus actuaciones políticas de radicalización”:

“Así como tienen derechos, que respetamos, deben aceptar cumplir deberes”, concluyó.

Pero eso no quedó ahí. Una de las demandantes, la abogada Cielo Rusinque, dijo que impugnarán la decisión, ya que “no está ejecutoriada”.

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