La respuesta oficial se dio a conocer este fin de semana después de un video de Arias en el que pide al presidente Santos no “despedazar” a su familia separándolo de sus hijos.

Sin embargo, y pese al clamor del exministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que el tratado de extradición firmado en 1979 “está en vigor en cuanto ninguno de los dos Estados ha manifestado su intención de darlo por terminado”.

Y agregó que las declaratorias de inexequibilidad proferidas por la Corte Suprema de Justicia no son vinculantes a los términos pactados entre los dos países y solo tienen “efectos internos” para Colombia.

En consecuencia, “es procedente que los Estados Unidos de América autorice una extradición  con fundamento en el Tratado de 1979, tal como lo ha hecho en casos anteriores”, señaló el organismo público.

Andrés Felipe Arias asegura que no existen pruebas que lo incriminen en los delitos de peculado en favor de terceros y celebración indebida de contratos por los cuales fue condenado a 17 años de cárcel en Colombia.

También ha dicho que defenderá su presunción de inocencia ante un tribunal internacional porque no cree en la justicia colombiana.

Argumenta además que en su caso hay evidentes visos de injusticia porque, según dice, por un lado no hay tratado de extradición para los jefes de las Farc, pero en cambio sí existe uno para llevarlo de vuelta a Colombia a que comparezca por delitos que le indilgan.

El exministro Arias goza de libertad condicional en Estados Unidos, con plenas garantías concedidas por la justicia de ese país, a la espera de que le sea otorgado su estatus de refugiado político, ya que considera que es un perseguido por el Gobierno Santos.

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