El viernes 6 de septiembre se vence el plazo legal para que las denominadas “terceras personas no combatientes” establezcan las correspondientes actas de compromiso con la justicia transicional de paz.

No obstante, apenas 630 personas están en curso de hacerlo de las casi 16.000 que están registradas en Justicia y Paz, la justicia creada en el gobierno de Álvaro Uribe para incentivar la desmovilización de estructuras paramilitares, señaló ese noticiero.

En ese sentido, El Tiempo plantea que en realidad se trata de  2.300 casos de Justicia y Paz que tendrían compulsa de copias a la JEP, de las cuales 630 han sido gestionadas ante magistrados.

De todas maneras, la cifra  resulta muy inferior a las expectativas y por eso el senador Roy Barreras, del partido de La U, manifestó su intención de presentar un proyecto de ley que amplíe el plazo hasta por un año.

La iniciativa de Barreras también modificaría la prescripción de delitos cometidos hace más de 14 años. “Aquellos que fueron víctimas de extorsión tienen derecho a que se cierre su caso y no será por prescripción, sino ante la JEP ampliando hasta por un año”, indicó el senador a Noticias Uno.

Pero hay reglas y es que nadie que haya sido vinculado con paramilitarismo podrá ir a “limpiar sus sentencias contando verdades a medias”, expresó el senador Barreras a ese medio.

Vea el informe de Noticias Uno: