Sergio Fajardo deberá seguir enfrentando el proceso por haber incurrido supuestamente en conductas punibles cuando fue gobernador de Antioquia entre 2012 y 2015. Esta causa se suma a la decisión de la Contraloría de reiterar su fallo en el que lo encuentra responsable fiscal por el descalabro de Hidroituango.
La Corte Suprema de Justicia acusó a Fajardo este lunes de haber incurrido en las conductas penales de contratación sin requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado, al firmar un contrato de sustitución de deuda en diciembre de 2013 con el banco Corbanca y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) por un préstamo de 98 millones de dólares, que habría provocado detrimento en las finanzas del departamento.
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En opinión de la Fiscalía, Fajardo vulneró los principios de la contratación pública por no hacer una evaluación razonada y técnica sobre los riesgos de ese contrato. La base de la defensa de Fajardo en este aspecto se ha basado en la idea de que el precio del dólar es volátil y nadie puede predecir el comportamiento de la divisa.
La acusación de la Corte Suprema contra Fajardo se produce cinco años después que la Fiscalía comenzara la investigación y tres meses después de que presentara el escrito de acusación contra el también precandidato de la Coalición Centro Esperanza. Todavía es incierto el efecto que esta situación pueda tener en la campaña política de Fajardo.
El domingo pasado, Fajardo escribió en Twitter que lo quieren “sacar de la carrera” por las elecciones presidenciales de 2022. “Somos un estorbo para los corruptos y para quienes siempre han gobernado. No han podido y no podrán hacerlo”, dijo en un trino que acompañó con los resultados de la más reciente encuesta de Invamer, que lo sitúa de primero en aspiración de voto en la coalición de la que hace parte.
El abogado Mauricio Pava, defensa de Fajardo, pidió a la Fiscalía adicionar todas las pruebas que tenga, principalmente las relacionadas con la denuncia del también exgobernador de Antioquia Luis Pérez, que sucedió en el cargo a Fajardo, las que tenga el contralor Carlos Felipe Córdoba y las acciones que efectuó en 2016 el exfiscal Luis Gustavo Moreno.
El alto tribunal le dio visto bueno a la solicitud de Pava y le dio un plazo de tres días a la Fiscalía para que presente las pruebas que solicitó la defensa de Fajardo. Eso será para la audiencia preparatoria que se adelantará el año entrante en fecha por definir.
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