En primer lugar, Uber destacó el “primer esfuerzo para reglamentar” la aplicación, pero señaló que es insuficiente para comenzar porque “esta propuesta legislativa tomaría como mínimo tres meses y sobrepasaría por mucho el plazo para dejar de funcionar en Colombia”, anunciado para el próximo 31 de enero.
Por otro lado, la plataforma destacó que sería la única que no estaría en operación “si se escoge exclusivamente el camino legislativo” y eso, asegura, deja a 88.000 conductores sin una opción de empleo y a 2 millones de usuarios sin esa opción de movilidad.
Además, entre los vacíos que menciona también está que, en medio de ese plan del Gobierno, Uber no contaría con las mismas condiciones que otras aplicaciones porque no tendría la aplicación activa y eso le impediría “hacer parte del proceso de construcción del ‘marco normativo inteligente’, que mencionó la ministra de transporte, Ángela María Orozco.
Por otro lado, sobre las más de 700 mesas de trabajo mencionadas por la funcionaria, “ni Uber ni los socios conductores, ni los usuarios” han sido invitados a participar, y se mostraron dispuestos a hacerlo “en las mismas condiciones que los otros actores del mercado”.
Uber también señaló en su comunicado que el Gobierno debe tener “voluntad política” y evaluar otras opciones inmediatas “como los decretos reglamentarios o decretos ejecutivos que permitirían una solución temporal y darían certidumbre jurídica a las plataformas mientras el proceso legislativo corre su curso”.
En ese sentido, invitó a Duque a “generar opciones para la convivencia y coexistencia de las diferentes modalidades de transporte que hoy existen en el mercado”, y que para ello se debe entender “que no son iguales ni son comparables” y puede tomar como ejemplo más de 150 casos en todo el mundo.
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