El expresidente Álvaro Uribe Vélez, nada menos que el jefe de uno de los principales partidos de oposición al presidente Gustavo Petro y quien fue uno de los congresistas que en los años 90 impulsó la Ley 100, se refirió a la controvertida reforma a la salud que esta semana radicó el Ejecutivo en el Congreso y que plantea, justamente, modificar la norma.

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En un extenso documento conocido en exclusiva por EL COLOMBIANO, titulado “Salud: ajustes sin desbarajuste”, Uribe presentó sus observaciones sobre la iniciativa buscando “contribuir a la discusión”. En esa línea, advirtió, de entrada, que “sí hay destrucción del sistema mixto solidario” de salud y que es un riesgo que el Estado termine convirtiéndose en el “único empleador de médicos y trabajadores de la salud”.

“Se observa un guion ideológico que marchita al sector privado, incluidas las fundaciones de salud, e impone un peligroso monopolio estatal, ayudado por un sinnúmero de colectivos de muy probable homogeneidad política. Se plantea una confrontación entre el sistema mixto actual, que los críticos señalan de mercado y el monopolio estatal que lo exaltan como social”, alegó Uribe.

En primer lugar, el expresidente se refirió a los denominados Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (CAPIRS), los cuales crea la reforma para que sean operados por las EPS y que serían los encargados del cuidado de la salud y prevención de la enfermedad.

Para Uribe, pese a que su naturaleza sea pública o mixta, esos Centros estarían inmersos en un sistema de monopolio estatal. En materia de infraestructura, advirtió que, si la idea es que haya un CAPIRS por cada 25.000 habitantes, se necesitarían al menos 2.000 nuevos centros con un costo aproximado de $10 billones, “suma que parecería para la obra física y dejaría por fuera los equipos”.

En ese sentido, alertó que, de acuerdo con el proyecto, es el Centro el que definirá la necesidad del afiliado de ser remitido a un servicio de más complejidad, “una decisión que parece muy compleja y sometida a cuatro conceptos. Una de las mayores quejas en Colombia, que se expresa en buena parte de las 90 mil tutelas anuales, es la demora para remitir pacientes. Con el entramado burocrático propuesto, este problema podría aumentar”.

Adicionalmente, indicó que este modelo limita el derecho de libre escogencia, “que tampoco puede entenderse como absoluto, pues hay regiones que no ofrecen suficiente infraestructura para escoger y para prestar un buen servicio tampoco conviene la pluralidad de aseguradores”.

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Al hacer una defensa del actual sistema, Uribe manifestó que “el lucro que asignan a las buenas EPS” es mucho menor que los costos de la ineficiencia pública. “La buena EPS que más gasta en administración no supera el 4,5% y los rendimientos patrimoniales han sido mínimos o negativos. Tampoco cabe una división entre pobres y ricos pues la solidaridad del sistema lleva a que todos tengan los mismos beneficios, atenciones y el acceso a los mismos hospitales”.

Sobre las EPS, el expresidente agregó que “es clara la división en resultados” entre las entidades bien administradas y aquellas con corrupción o politiquería. Según Uribe, el servicio es malo “en centros de salud y hospitales, especialmente públicos, en estado de deterioro”.

Al referirse al enfoque de territorialidad que plantea la reforma, Uribe dijo que la “división verdadera” que existe hoy en materia de salud es entre “regiones bien dotadas y las deficientes, especialmente en la ruralidad”.

Para Uribe, el nuevo modelo plantea que las EPS sean Centros de Atención Primaria, “hospitales con la nueva terminología, o contratistas del Estado”, es decir, “en definitiva se acaban”. Por ello, reclamó que el proyecto desconoce el carácter de aseguradoras de las EPS” y obedece a la descalificación que las ha considerado “meras intermediarias”.

“Las tareas aseguradoras de afiliación, cobro, atención, gestión del riesgo de salud y financiera, examen, glosa y aprobación de cuentas, valoración y pago de las prestaciones económicas, quedan todas en el Estado o bajo su dominio absoluto”, dijo, reconociendo que ha habido EPS con graves problemas de corrupción y de politiquería, con abusos de sus dueños y demoras en los pagos. No obstante, defendió que el Gobierno de Iván Duque “hizo un gran esfuerzo en materia de depuración”.

“Deben señalarse dificultades de las EPS derivadas de casos de lentitud en Adres para el giro de los recursos, de sobre facturación y de glosas por aseguradores y prestadoras. También la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación y el no pago de servicios extras en períodos excepcionales -presupuestos máximos-. Y debe reconocerse el impacto negativo en los hospitales causado por los pasivos sin respaldo patrimonial y sin pago en EPS liquidadas”, precisó el exmandatario.

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Uribe recordó que las EPS públicas y cooperativas han fracasado, “con excepciones destacables como Mutual Ser y CooSalud”. Por eso, aseguró que “es doloroso” que la corrupción y la incapacidad administrativa“ haya hecho tanto daño en algunas cajas de compensación, que deberían ser ejemplares, como muchas de ellas lo son, por ejemplo en la entrega de medicamentos”.

En todo caso, insistió en que muchas EPS fracasadas “han tenido origen en el sector público, nacional y regional”, defendiendo que haya un sistema mixto en el que el Estado actúe como regulador y vigilante, pero sin monopolios operativos. “El ideal de un Estado transparente se aproxima con el contexto democrático y de posibilidad de crítica que se genera con la participación privada, no a través de colectivos políticos absorbidos por el Estado”.

Para el expresidente, “las EPS buenas son un patrimonio” que no debería eliminarse, entre otras, porque absorben pérdidas muy comunes en los servicios de salud, con el consiguiente ahorro para el Estado. “El valor para atender a cada ciudadano en mediana o alta complejidad, definido por los fondos regionales de salud, reemplazaría a la Unidad de Pago por Capitación que hoy reciben las EPS. Estas tienen que asumir la solvencia, efectuar las reservas y responder por su inversión. Dichas garantías desaparecen en el Monopolio Estatal”.

Uribe manifestó que las buenas EPS –que deben obtener la acreditación de más alta calidad– representan al paciente, “que quedaría a merced de un sistema exclusivamente estatal con riesgos, difícilmente evitables, de intriga política y de corrupción”.

Frente a los copagos y las cuotas moderadoras que hoy se hacen para acceder a servicios, el jefe del Centro Democrático reclamó que se prohíben en la reforma y solo se mantienen para lo que no sea una “urgencia vital”. “El sistema actual los restringe al Régimen Contributivo y de acuerdo con una focalización por ingresos, lo cual es más equitativo”.

También defendió que el sistema actual, a través de herramientas como la tutela y organismos como la Superintendencia de Salud, ofrece más caminos para que el ciudadano reclame. “La posibilidad de reclamo en un monopolio estatal se convierte en un privilegio político”.

Sobre la entrega de medicamentos, Uribe dijo que el proyecto “simplemente” dice que se hará a través de entidades habilitadas para dispensarlos. Por ello, señaló que hay preocupación porque cualquier farmacia o dispensario de medicamentos “tenga que depender de un monopolio estatal”, con riesgos de desabastecimiento y de logística de distribución.

“Si bien hay problemas como medicamentos que demoran, que no se transportan para que lleguen al beneficiario, el país ha mejorado con controles de precios, ofertas de genéricos y tiempos de suministro. Durante la pandemia, en 433 municipios hubo entrega en el domicilio del paciente”, sostuvo.

Frente a los programas de prevención, uno de los pilares de la reforma de Petro, el expresidente reconoció que hay consenso en mejorarlos, pero criticó que hay riesgo de que haya una “explosión de clientelismo político”, considerando además que, en promedio, habría más de 3 visitas al año por persona.

“Consultas en número de 200 millones al año serían más transparentes y de mejor calidad reforzando el Sistema Actual, con aumento de integración con hospitales, cajas de compensación, organismos municipales y departamentales. Además, con incremento de la telemedicina, que el proyecto incluye, y rigurosa motivación y vigilancia de las entidades nacionales”.

Uribe también se refirió a las nuevas tarifas para acceder al servicio que propone el proyecto y que fijaría el Gobierno Nacional, alertando que en la norma no aparece algún punto que obligue al criterio diferencial por características de regiones, lo que derivaría en “perversos efectos” en materia de calidad y aumento del gasto de bolsillo de los ciudadanos.

“La tarifa única somete a una camisa de fuerza que puede desmotivar a los mejores hospitales. Por el contrario la tarifa referencia ofrece márgenes para que prestadores y aseguradoras analicen costos y calidades. En un país con controles de precios de unos medicamentos, con libertad vigilada sobre otros, y con la posibilidad de extender esas facultades a procedimientos, la tarifa única fijada por el Gobierno se convierte en un exceso dañino de control estatal”, indicó.

Inclusive, criticó que, con la reforma, la base de datos de la salud sobre todos los ciudadanos afiliados, quedaría convertida en un “empadronamiento del Estado”.

De acuerdo con Uribe, el proyecto propone una cantidad de instituciones burocráticas, “la mayoría integradas por colectivos, con riesgos de peligrosa selección con criterio político, que en lugar de ayudar afectan la administración y crean excesivos costos y duplicidades”.

Por esto, explicó que “bastaría una sencilla reorganización” para que las instituciones vigentes cumplieran esas tareas. “A lo anterior debe agregarse la descentralización de Adres, que como se lee en la página 141 del Proyecto, exposición de motivos, tendría 7 directores regionales para contratar y pagar, y 33 oficinas departamentales de auditoria”.

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