El organismo decidió revisar el panorama de los defensores de derechos humanos en Colombia luego de expresar reiteradamente la preocupación por los “serios desafíos del país para garantizar su protección, sus limitadas medidas de seguridad y la impunidad de los delitos que les afectan”.
Según la CIDH, la violencia contra los líderes sociales y comunales se ha incrementó desde la firma e implementación de los Acuerdos de Paz a través de amenazas, estigmatización y actos de criminalización.
Por esa razón, la Comisión instó al gobierno a atender de forma prioritaria la protección de este colectivo, avanzar con las investigaciones de delitos cometidos en su contra y entregó las siguientes recomendaciones:
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1. Redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos y de las comunidades.
2. Convocar a las organizaciones sociales para la construcción de una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, retomando las mesas de diálogo nacionales en las que existían acuerdos pactados previamente.
3. Crear un registro completo de todas las agresiones, en sus diferentes modalidades, en contra de quienes defienden derechos humanos y tener en cuenta los registros previamente construidos.
4. Profundizar el análisis de contexto para la evaluación del riesgo y para la adopción de las medidas de protección, bajo un enfoque diferenciado que tenga en cuenta las situaciones particulares de la población como el enfoque étnico, colectivo y de género, y el lugar en el que ejercen su labor.
5. Implementar debidamente las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana y mantener los esquemas de protección respecto de las personas beneficiarias mientras estén vigentes.
6. Implementar las recomendaciones y decisiones del Sistema Interamericano y Universal.
7. Aumentar el nivel de coordinación entre las autoridades a nivel nacional y local para que las medidas de protección sean adecuadas para resguardar los derechos de estas personas y asegurar su efectividad en zonas rurales alejadas.
8. Adoptar planes para prevenir y combatir la estigmatización contra los defensores de los derechos humanos, dentro de las entidades del Estado y en la sociedad.
9. Adoptar medidas para investigar con debida diligencia y hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra defensores de derechos, determinando autores materiales e intelectuales.
10. Adoptar enfoques diferenciales de género, étnico y para población LGBTI, tanto en la construcción de programas de garantías, como en la investigación de posibles delitos contra líderes sociales.
11. Fortalecer la coordinación con organismos internacionales de derechos humanos.
La CIDH además convocó a las distintas organizaciones sociales para construir una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales mediante la vuelta a las mesas de diálogo como la Mesa Nacional de Garantías y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
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