En una reunión con el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, el nuevo Jefe de Estado aseguró que su estrategia es empezar un trabajo conjunto con esa entidad, la Fiscalía y la Procuraduría para responder a las alertas tempranas y tener una política pública eficaz de protección a los derechos humanos y los líderes sociales del país, pero no detalló cómo lo hará.

En otras ocasiones, naturalmente, ha rechazado los hechos de violencia contra los defensores de derechos humanos en todas las regiones del país y ha pedido a las autoridades en declaraciones públicas garantizar la seguridad de las personas que corren riesgos por su labor, y también hizo varios llamados para la judicialización de los responsables:

“Quiero que nosotros podamos dar protección a todas las personas que se han desmovilizado, a los líderes sociales y líderes políticos, que se investigue con velocidad y que los responsables de esos delitos sean llevados a la justicia y tengan sanciones ejemplarizantes”.

Sin embargo, el reto va más allá de rechazar los hechos de violencia pues es un problema que ha superado a todas las entidades y que necesita acciones más eficaces, mientras las solicitudes a la Unidad Nacional de Protección (UNP) continúan aumentando y que no tiene como atender en su totalidad.

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La más reciente alerta de la Defensoría señaló que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018 eran 331 los líderes sociales asesinados. Sin embargo, para el momento de la posesión de Duque, la cifra no habrá dejado de crecer, pues es en ese mismo informe la entidad señaló que cada tres días matan a un activista o defensor de derechos humanos.

Adicionalmente, Duque tiene sobre sí los ojos de todas las organizaciones internacionales. En el último mes, las Naciones Unidas señalaron en un comunicado “el recrudecimiento de la violencia afecta las condiciones para una verdadera paz estable y duradera”, acordada en las negociaciones con las Farc, y le recordaron al Presidente que “los habitantes de las regiones más afectadas por el conflicto armado son quienes están vulnerables a las múltiples violaciones a sus derechos colectivos e individuales”.

La ONU también instó a Duque a reforzar las medidas de prevención protección e investigación para proteger la integridad de los colombianos. En especial de departamentos más afectados como Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.

Pero también hubo un pronunciamiento mucho más duro de Amnistía Internacional, que criticó “la lenta implementación del Acuerdo de Paz en aquellas zonas más afectadas por el conflicto armado y el abandono del Estado”.

La ONG calificó la situación de los líderes sociales como una grave crisis y advirtió que “el conflicto armado recrudece ante los ojos inertes del gobierno saliente y el silencio cómplice del gobierno electo”:

“La violencia selectiva contra personas defensoras de derechos colectivos alcanza ya un carácter generalizado y se constituye en una vulneración masiva de los derechos. Es altamente preocupante la poca información y respuesta de las autoridades colombianas de todos los niveles para condenar estos hechos y tomar medidas urgentes de prevención y protección”.

Entre tanto, el pronunciamiento más reciente fue el de 1.155 organizaciones y líderes sociales que se reunieron en un gran Encuentro Nacional por la Paz de Colombia para pedirle a Duque que continúe el proceso de paz con el Eln.

En los últimos días, el procurador Fernando Carrillo anunció que el próximo 23 de agosto Duque anunciará las políticas públicas que tiene previstas para enfrentar estos crímenes y señaló que será un espacio para que todos los líderes sociales se encuentren en el municipio de Apartadó, Antioquia, con el fin de trazar la línea de las acciones del Estado para protegerlos.

“Estamos programando en los territorios de Colombia una gran audiencia con los dirigentes comunales, que han sido los más afectados con este tipo de asesinatos“, advirtió el funcionario.

A principios de julio, se firmó un gran pacto nacional que condena los homicidios, atentados y amenazas contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, suscrito por los presidentes entrante y saliente, Santos y Duque; el Congreso, los partidos políticos, incluida la Farc; las altas cortes y los entes de control.

Ahora, la tarea del nuevo Presidente es asumirlo y liderarlo con firmeza, y exigirles a las entidades y autoridades que hagan su trabajo; y que los próximos pronunciamientos vayan más allá de rechazar, como lo hacemos todos, los crudos asesinatos.