“Nosotros hemos planteado que las cifras son mucho más altas que las 6.402 personas, que es lo que dice la JEP“: esa fue la reacción de la portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Martha Giraldo, quien teme que el proceso iniciado por este juzgado no avance.
Aunque las cifras documentadas por la JEP son superiores a las registradas por la justicia ordinaria, es normal que las víctimas no reciban este nuevo informe con sorpresa porque ellas siempre han hablado de hasta más de 10.000 casos en el país.
“Sabemos, porque los magistrados (de la JEP) así no los han manifestado, que ellos no van a poder documentar caso por caso. Son muchos más casos en Colombia y probablemente muchos casos van a quedar en la impunidad (…) y con seguridad sabemos que son más de 10.000 víctimas”, dice Castillo.
Sin embargo, desde el Movice consideran que el proceso de la JEP va a servir a militares que ya han sido condenados por la justicia ordinaria para librarse de las penas de prisión, ya que la JEP no impone ese tipo de medidas, sino restricciones de movimiento de otro tipo.
“Lo que se necesita es ir mucho más allá, en la responsabilidad del Ejecutivo, en quiénes eran esos altos mandos del Ejército que tuvieron la responsabilidad”, alega Giraldo, quien teme que el “pacto de silencio” evidenciado entre los cuadros militares vaya a impedir su progreso.
La JEP desveló, recuerda el Movice, recientemente un documento en el que revela una estrategia del Ejército donde les dicen a los militares que se han acogido a la justicia especial qué decir y cómo decirlo, y se les recomienda no hablar sobre la responsabilidad de altos mandos.
“Yo no quiero ir allá para que ellos digan que lo asesinaron, eso ya lo sabemos; tampoco voy a ir allá para que me digan las circunstancias en la que lo hicieron; no quiero que me relaten nada de lo que ya se estableció en el proceso penal en la justicia ordinaria (…) el aporte que tendrían que hacer es en términos de la implicación que tuvieron militares de alto rango en ese caso“, alega Giraldo.
Por su parte, la representante legal de la organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), Jacqueline Castillo, reaccionó viendo un mejor panorama:
“No es que nos asombren estas cifras, pero de alguna manera es gratificante que se den a conocer porque de esta manera se puede estar confirmando que en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez se incrementaron los casos”.
Castillo se unió a MAFAPO en 2008 cuando su hermano, Jaime Castillo, quien desapareció en Bogotá el 10 de agosto de ese mismo año, apareció muerto dos días después en el departamento de Norte de Santander y fue identificado como “guerrillero dado de baja en combate”.
La JEP estableció que por lo menos 6.402 personas resultaron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008, situando la mayoría de casos durante los gobiernos del expresidente Uribe (2002-2010).
Las víctimas de ‘falsos positivos’ fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, y posteriormente el fenómeno se repitió en zonas urbanas, en personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, trabajadores informales, habitantes de calle e incluso en condición de discapacidad.
Giraldo recuerda que los militares tenían hasta reclutadores pagados por la cartera de Defensa en las zonas más desfavorecidas, en un esquema criminal que les llevaba a ejecutar a personas inocentes a cambio de los incentivos y recompensas recogidas formalmente en una directiva firmada en 2005 por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina.
Entre las más de 220 diligencias de la JEP en este caso, han rendido versión el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, y el general en retiro Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; así como 51 soldados; 38 suboficiales; 32 oficiales subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes); 10 oficiales con rango de Mayor, y 7 con rango de coronel.
Gracias a estas diligencias la JEP ha podido recuperar los cuerpos de 71 personas que presuntamente habrían sido presentados de manera ilegítima como bajas en combate por parte de agentes del Estado en el departamento de Antioquia.
Sin embargo, las víctimas acreditadas en el caso siguen esperando que los militares “aporten verdad plena” sobre los crímenes de cientos de jóvenes cuyos cuerpos siguen perdidos en fosas comunes.
“Sería interesante que pudieran aportar en qué casos más participaron, dónde están enterrados los muchachos. Sabemos que hay muchas fosas comunes en Colombia que muy probablemente la gran mayoría son ejecuciones extrajudiciales”, agrega Castillo.
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