La celebración de fin de año en el resguardo indígena embera de El Noventa, en la zona rural de Quibdó, será diferente a la de años anteriores. La comida, que antes no faltaba, ahora implicará una acción coordinada. Desde el 16 de noviembre solo se respira intranquilidad. Ese día, hombres armados que se identificaron como guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) se aparecieron en el resguardo, preguntaron por el gobernador y pintaron las casas con sus siglas. Esta acción de la guerrilla provocó el desplazamiento de 30 personas a Medellín, incluyendo al gobernador Luis Ángel Arce. Y aunque la mayoría de la población retornó, muchos se sienten inseguros.
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Ha pasado más de un mes desde el desplazamiento, pero todavía nadie en la comunidad tiene permiso de ir al monte a recoger comida o a cazar animales. Al menos no pueden hacerlo solos. Deben organizar una comisión de varias personas “para que no vaya a pasar algo en el monte”, afirma Ricardo Tequia, uno de los líderes de esta comunidad.
Esta medida de seguridad, con la que la población busca prevenir acciones violentas o malos entendidos con los hombres armados, sigue vigente durante las fiestas, a pesar de que la guerrilla del Eln decidió cesar sus acciones de guerra entre el 24 de diciembre de 2022 y el 2 de enero de 2023, es decir, durante diez días. Esta decisión fue catalogada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como un “gesto positivo”, pues el grupo armado ha estado muy activo en la zona. Apenas una semana antes del anuncio del cese de hostilidades por el fin de año, el grupo guerrillero había decretado un paro en los ríos San Juan, Sipí, Cajón y Calima.
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Sin embargo, para algunos especialistas este gesto del grupo armado es insuficiente, pues no demuestra una voluntad real de desescalar la guerra por parte de un grupo que está en negociaciones de paz con el Gobierno desde el 21 de noviembre. Por ejemplo, Gonzalo Sánchez, exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, lo calificó como un “cese al fuego mezquino”. “Mezquino el cese al fuego del Eln, con fechas tan acotadas. Ellos también necesitan espacio para sus tragos navideños. ¿Muy difícil dejar abierta siquiera posibilidad de prórroga? Las comunidades agrarias lo reclaman a gritos”, escribió Sánchez en Twitter el 19 de diciembre.
En el resguardo ‘El Noventa’, el impacto del anuncio ha sido moderado. “Estamos sintiendo que más o menos está cambiando la cosa. Hay silencio, al menos no hay rumores”, afirma el líder indígena Ricardo Tequia.
A solo siete kilómetros de El Noventa, en la comunidad de El Dieciocho, hace poco más de seis meses la población escuchó disparos y encontró sus casas marcadas con las siglas de las Agc. En ese momento se desplazaron 159 personas.
Por estos días allí también hay calma. Un líder de esta comunidad, que pidió la reserva de su identidad por seguridad, le dijo a Consonante que no ha habido ninguna irregularidad. “Hasta ahora todo está bien, están celebrando la Navidad con sus familias”. Pero no están tranquilos. “Hemos visto que ese grupo ha ocasionado hechos con otras comunidades del territorio y no lo sentimos ajeno, porque nuestro territorio ha sido de estrategia para esa gente y nos han estado utilizando para estos fines”, dice. Aún así, les toca moverse para buscar comida en el monte, en Quibdó o en El Carmen, pues no se sienten escuchados por las instituciones. “No nos creen”, sentencia.
Según el último informe de Indepaz, las Agc le han ganado terreno al Eln, especialmente en esta zona y en el suroeste antioqueño. Sin embargo, este repliegue del Eln no se puede leer como un debilitamiento. En la “trocha” está presente el frente Manuel Hernández “El Boche”, una de las seis estructuras que, según el Gobierno, funciona con cierta autonomía. Este frente está muy involucrado en el negocio del narcotráfico, y podría poner en riesgo el proceso de paz.
En otras regiones estos dos grupos continúan en disputas por el control de varias áreas de tierra. Por ejemplo, en la región del Alto San Juan, la población de un resguardo del municipio de Tadó vive bajo las amenazas del Eln y de las Agc. “Estamos muy preocupados. Los dos grupos nos tienen amenazados a las autoridades y han buscado a muchas personas. Ayer me llegó mensaje de un grupo paramilitar que fuera a pagarles una plata a ellos”, afirma el gobernador del resguardo. “Por eso no salgo. Esto está muy complicado”, agrega.
Esta comunidad se desplazó en 2012 tras el asesinato de varios de sus líderes, el reclutamiento de algunos jóvenes y la instalación de minas antipersonal. Allí, llevan varios meses sin adentrarse en la zona rural. “Nosotros no nos movemos para el monte. La guardia no nos deja ir, porque han matado personas allá”, cuenta el líder. Para abastecer de comida a la comunidad, un grupo de mujeres viaja cada quince días al casco urbano de Tadó y hace mercado. La guardia indígena las escolta mientras recorren a pie un pedazo de la carretera. El resto del camino lo recorren en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección escoltadas por el personal que hace parte del esquema de seguridad del líder.
El confinamiento ha puesto en peligro sus costumbres. “Antes salíamos a cazar y a buscar comidita para la familia. Ahora toca buscar puro pescadito. Ya no comemos carne de monte. No cazamos por miedo”, asegura el líder. Esta situación se repite en varias partes del Chocó. Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (Ocha), al menos 70.206 personas fueron víctimas de confinamiento entre enero y noviembre de este año en todo el departamento.
Los líderes indígenas han contemplado desplazarse para proteger su vida. Antes de hacerlo, esperan concretar una reunión con la Alcaldía de Tadó para evaluar su seguridad. Pero lo que realmente anhelan es que los grupos armados se comprometan a detener las acciones bélicas.
Este es precisamente el pedido que ha hecho la red Somos Génesis, un grupo de más 180 procesos organizativos y comunidades del Bajo Atrato, el Litoral del Bajo San Juan, el Darién, en el Chocó, y de otros once departamentos. Santiago Mera, defensor de derechos humanos e integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, quien acompaña el proceso de esta red, explica que “lo que las comunidades están planteando es el cese multilateral del fuego de manera indefinida, que incluye a las Fuerzas Armadas del Estado”.
Mera indica que, a pesar de que han podido verificar que se está respetando la tregua al menos en el Litoral del San Juan, el Bajo Calima y Buenaventura, esto no es suficiente para que la población civil sienta tranquilidad. “La gente en sus instintos de autoprotección se cuida, trata de moverse lo menos posible para correr menos riesgos. Estamos en un tiempo en que una provocación puede ser fatal. Las comunidades acatan lo que sus autoridades étnicoterritoriales recomiendan, como moverse por los ríos únicamente a ciertas horas del día”.
Para él, este cese al fuego es un mensaje de apertura que no puede ser desaprovechado: “Esta es una oportunidad para decretar una tregua definitiva y que toda la sociedad colombiana pueda rodear esta política de paz total y global, como han expresado todas las comunidades”.
El 2 de enero termina el cese al fuego del Eln, y solo a finales de ese mes se retomarían la segunda ronda de negociaciones. Según el cronograma establecido, las conversaciones se reanudarían en México, uno de los países garantes del diálogo. Las comunidades chocoanas esperan que este nuevo ciclo traiga alivios humanitarios para ellos. Ricardo Tequia, desde Quibdó, espera que la guerrilla “se comprometa a calmarse”. Él, por su parte, quisiera participar de la negociación. “Como líder estoy solicitando la oportunidad de participar en la mesa de diálogo. Las víctimas indígenas del Chocó no tenemos representación en esa negociación”, afirma.
Santiago Mera advierte que, mientras tanto, muchas comunidades seguirán confinadas. “Las comunidades seguirán confinadas hasta tanto no haya garantías por parte de las estructuras armadas y que esto tenga veeduría de los entes competentes y observadores internacionales. Las comunidades deben poder volver a sus cultivos, a recolectar sus plantas medicinales, a reactivar su vida social y económica. Y si no se pone fin a este conflicto armado, estamos ante un gran riesgo de pérdida de vidas y de identidad cultural”, advierte. En el Alto San Juan, donde solo están comiendo pescado, esperan pronto poder volver a cazar sin miedo a morir.
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