El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) ya devolvió a los niños a la madre, pero el alto tribunal sentó de todas formas un precedente.
De acuerdo con CM&, lo hizo enfatizando en que “la decisión [de quitarle los menores a un padre] no puede reducirse a la situación socioeconómica o al entorno de vulnerabilidad que pueda rodear a los menores, so pena de incurrir en actuaciones discriminatorias”.
Ese medio señala que en estos casos se debe demostrar que existe “una real situación de abandono, riesgo o peligro para los menores”.
La Corte apoyó el razonamiento de la madre, que dejó consignado en la tutela que el Icbf “no puede condicionar la devolución de las niñas a su entorno familiar, al oficio de ella o a su sitio de vivienda solo por los moralismos que imperan sobre la prostitución, la zona de alto impacto o las zonas circundantes”.
En ese sentido, la presidenta del sindicato de trabajadoras sexuales, Fidelia Suárez, dijo a CM& que “el ejercer el trabajo sexual no tiene nada que ver con la crianza de nuestros hijos”, y comparó el hecho de residir en una zona de tolerancia con hacerlo al lado de un cementerio o con vecinos que consuman sustancias psicoactivas, diciendo que lo que importa es la educación que se da dentro del hogar.
Asimismo, la máxima autoridad constitucional subrayó que la separación de los hijos de sus padres debe ser “la última opción, viable únicamente ante la carencia de garantías básicas que permitan asegurar su interés superior”.
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