Este domingo la Procuraduría solicitó a los 32 gobernadores y 64 alcaldes un detallado informe de sus obligaciones y acciones para garantizar las condiciones de sanidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
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El ente de control solicitó a las entidades territoriales que reporten detalladamente las actividades de inspección y vigilancia del proceso de preparación y distribución de los alimentos en los colegios en lo corrido del año.
Los informes deberán incluir las visitas realizadas por cada administración para verificar las condiciones del servicio de alimentación escolar, así como los resultados y medidas ejecutadas en caso de que evidenciaran falencias en el proceso. También, deberán precisar el cronograma de visitas de verificación programadas para lo que resta del año, con el fin de coordinar el acompañamiento de la Procuraduría en estas.
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Hace tres semanas la Procuraduría también se pronunció sobre el PAE y empezó una investigación a Diana Colombia Castro, en La Ceja, Antioquia, quien sería la supervisora del contrato suscrito con la Fundación Colombia un País para el Presente, por presuntas irregularidades en el contrato de operación del PAE por un valor de $2.277′528.093.
Según la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), las raciones de alimento distribuidas por el contratista contenían carne de caballo doméstico de sexo hembra.
Por su lado, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Rionegro abrió indagación previa contra servidores públicos para averiguar si en otros municipios de los 23 que conforman el oriente antioqueño, el proveedor cárnico también suministraba carne de equino.
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