El Ministerio Público le hizo esa solicitud a la Fiscalía después de la terminación anticipada del proyecto, por el que tanto la corporación como la constructora brasilera recibió esa suma de dinero como compensación.
La Procuraduría estableció que en la terminación de esta Alianza Público Privada (APP) “se acordó que Cormagdalena debía reconocer a favor de Navelena más de $189.068 millones, de los cuales a Odebrecht por su participación en la sociedad (86,67 %) le correspondían $163.865 millones”.
Para la entidad es necesario que de esos recursos “se ordene la extinción de dominio a cerca de $40.000 millones que le quedarían a la multinacional luego de cancelar el crédito suscrito con el Banco Agrario y sus respectivos intereses”.
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Corrupción en la adjudicación del contrato
También se abrió investigación disciplinaria a cuatro exdirectivos de Cormagdalena, entre ellos, Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Andrade fue encargado como director ejecutivo de Cormagdalena, por tiempo indefinido, al tiempo que estaba al frente de la ANI, por lo tanto la Procuraduría “busca determinar si este hecho podría configurar alguna prohibición, inhabilidad o conflicto de intereses”.
Otros tres exfuncionarios del Comité Evaluador del proceso de selección y al interventor del proyecto serán investigados porque habrían permitido presuntos incumplimientos e irregularidades en el proceso de selección y adjudicación del contrato APP a Navelena.
Así mismo, “se investigan presuntos pagos a directivos de Cormagdalena por parte de la compañía Acciona, miembro del Consorcio Navega Magdalena, que posiblemente se retiró del proceso de adjudicación por beneficios o pagos que recibió de Odebrecht”, informó la Procuraduría.
Funcionarios a declarar
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas, entre ellas, la declaración del actual ministro de Transporte, Germán Cardona, del exsenador Otto Nicolás Bula y de los congresistas Bernardo Elías, José David Name Cardozo y Arleth Patricia Casado de López, Juan Sebastián Correa, funcionario de Cormagdalena, y del exviceministro Gabriel García Morales.
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