Luego de que la revista Semana publicara una serie de presuntas irregularidades en la Aeronáutica Civil, relacionadas con supuesta corrupción en procesos de contratación, posibles omisiones y vinculación de funcionarios con actividades ligadas al narcotráfico, y probables procesos de licenciamiento de personal aeronáutico, el Ministerio de Transporte anunció un remesón en la estructura de personal de la autoridad aeronáutica del país. Pero las cosas no pararon ahí.
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Pocas horas después de conocerse la decisión del Mintransporte, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una indagación preliminar, aunque aún no ha establecido contra quién (“a funcionarios por determinar”), para establecer presuntas irregulares en la firma de contratos de prestación de servicios o sobrecostos en la compra de elementos de tecnología, infraestructura, repuestos y equipos de comunicación, entre otros. Las pesquisas de la Procuraduría se suman a las que también anunciaron la Fiscalía y la Contraloría.
El Ministerio Público dijo en un comunicado que también busca determinar si ha habido vínculo de servidores de la Aerocivil con organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, tanto en Bogotá como en otras ciudades del país. En últimas, la actuación disciplinaria abierta por la Procuraduría tiene como propósito determinar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de falta disciplinaria y en especial identificar a los servidores públicos comprometidos presuntamente en la situación irregular denunciada.
Todo esto a raíz de la publicación de la revista, que expuso “una olla podrida de denuncias por narcotráfico, contratos tramposos, estafas, venta de servicios y hasta nóminas paralelas con funcionarios fantasma que solo aparecen para cobrar los sueldos”. Según ese medio, “hay evidencias de una organización criminal dedicada a cobrar millonarias coimas por legalizar horas de vuelo y expedir licencias para los pilotos”.
La gravedad de lo publicado por Semana se evidencia con datos como el de que hay “cerca de 100 funcionarios presuntamente vinculados con redes de narcotráfico que apagan radares o los sacan en funcionamiento para que las avionetas puedan sacar estupefacientes del país o llegar con el dinero de las ventas”.
La Aerocivil responde e invita a Vicky Dávila
La Aerocivil sostuvo, a su turno, que asumió “de manera reflexiva y responsable” lo señalado en este y otros artículos difundidos por la revista, y subraya que los textos publicados “están relacionados con presuntas denuncias no formales, en algunos casos, con varios años de antigüedad, y actividades de vigilancia de la Contraloría General de la República”, todo lo cual fue analizado y clasificado en tres bloques de información: presunta corrupción en procesos de contratación, presuntas omisiones y vinculación de funcionarios públicos con actividades ligadas al tráfico de estupefacientes, y proceso de licenciamiento del personal aeronáutico.
Sobre la contratación de obras, productos y servicios para atender las necesidades del sistema aeronáutico nacional gestionado por la Aerocivil, la entidad asegura en un comunicado que han observado “las directrices del estatuto general de contratación pública, están sujetos a procesos permanentes de vigilancia por parte de los órganos de control competentes y son sometidos a las barreras de control interno, en procura de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos”.
En relación con las presuntas omisiones y vinculación de funcionarios con actividades ligadas al tráfico de estupefacientes, la Aerocivil asegura que, si bien, por su naturaleza, colabora con las autoridades competentes para compartir información, archivos, grabaciones y otros que permitan combatir este flagelo, no tiene funciones relacionadas con la prevención del tráfico de estupefacientes y sus delitos conexos, pues estas actividades no se desarrollan en el marco de los acuerdos que rigen la aviación civil internacional.
Y en lo que tiene que ver con el proceso de licenciamiento de personal aeronáutico, la Aerocivil sostiene que la revista Semana menciona audios, desconocidos por ellos, y comunicaciones “entre terceros en los que se sugiere la intermediación ilícita de una persona ajena a la Entidad y el concurso ilegal de funcionarios públicos”.
“No se referencian condiciones de tiempo, modo y lugar que permitan establecer responsabilidades disciplinarias”, advierte la Aerocivil, y agrega que conforme a la documentación radicada por los solicitantes, “todos los pilotos y demás personal aeronáutico en Colombia, a los que se les tramitó una licencia, habilitación, adición, chequeo, entre otros, cumplen con los requisitos del Reglamento Aeronáutico de Colombia”.
“Somos contundentes en rechazar los señalamientos en contra de toda una Entidad por las supuestas acciones ilícitas de algunos de sus colaboradores o excolaboradores”, dijo el director (E) de la entidad, capitán Francisco Ospina, citado en el comunicado. “[…] Cada avión que despega, aterriza y sobrevuela los cielos colombianos, lo hace gracias a los miles de funcionarios públicos que trabajan con vocación y profesionalismo y que hacen que la aviación dinámica que tenemos en nuestro país, sea una realidad”.
Por último, extendió una “cordial invitación” a la directora de Semana, Vicky Dávila, para que vaya a la Aerocivil, “como un ejercicio de transparencia”, con el fin de revisar “cada una las denuncias expuestas”, pero, eso sí, la periodista tiene que ir con “documentos en mano”.
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