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El próximo 31 de julio finalizaría el servicio de alimentación que viene prestando la Unidad Nacional Penitenciaria y Carcelaria (Uspec) a los Centros Transitorios de Detención y URI en todo el país.
Es por ello que la Procuraduría General de la Nación alertó a los alcaldes, gobernadores y entidades, quienes son responsables de la administración de los centros en los que diariamente llegan más personas que son detenidas por la Policía.
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Según expresó el ente de control, la Uspec argumentó que se suspenderá la entrega de raciones alimenticias en concordancia a lo dispuesto por la Corte Constitucional en 2022, que asignó dicha responsabilidad a las entidades territoriales que tienen bajo su dirección inspecciones, estaciones, subestaciones de policía, URI, y Centros similares.
Y precisamente, a poco más de un mes para el vencimiento del plazo del Alto Tribunal, el ente de control solicitó a las entidades como el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, gobernaciones y alcaldías presentar soluciones al respecto.
“Presentar en un término de 10 días sus planes logísticos, administrativos y cronogramas de implementación para garantizar el suministro de alimentación en los Centros de Detención Transitoria en cada departamento y municipio del país”, expresó el ente de control.
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En este sentido, el procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, aseguró que el Ministerio Público “verificará estrictamente la respuesta de las entidades territoriales frente a esta contingencia y tomará las medidas preventivas o disciplinarias necesarias para que se asegure la alimentación y así se respeten los derechos humanos de las personas recluidas en estos centros”.
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