Un complejo y millonario pulso judicial se desató tras la separación del empresario Santiago Botero Jaramillo y su expareja Manuela Echeverri Hoyos, un caso que ahora llegó a instancias de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. La disputa, centrada en desacuerdos sobre cuotas alimentarias provisionales, restricciones de movilidad y presuntas fallas administrativas en Cartagena, pone sobre la mesa el delicado equilibrio entre las determinaciones de las comisarías de familia y las objeciones jurídicas de los obligados.
El detonante principal del litigio gira en torno a la cuota alimentaria provisional fijada en 37 millones de pesos mensuales mediante el Auto 070 del 29 de mayo de 2026, dictado por Amín Francisco Sanabria Aislant, comisario de la Comisaría de Familia Permanente Turno 1 de Cartagena. Mientras los argumentos de respaldo a la medida apuntan a garantizar el sostenimiento integral del menor, la defensa de Botero califica la cifra como desproporcionada frente a los cálculos iniciales presentados inicialmente por su expareja, los cuales rondaban los 5,4 millones de pesos mensuales en gastos básicos.
Ante este panorama, el equipo jurídico del empresario ha reportado pagos parciales que ascienden a cerca de 9,2 millones de pesos mensuales —discriminados entre transferencias directas, aportes a medicina prepagada y el canon de administración del inmueble donde residen el menor y su madre—. Con estos soportes, los abogados buscan que la justicia evalúe la proporcionalidad de la obligación alimentaria frente a la capacidad económica real de ambos progenitores.
Sin embargo, el conflicto escaló a raíz de las medidas cautelares impuestas. El pasado 11 de octubre de 2026 se hizo efectiva la inscripción de Botero en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), una sanción que acarrea consecuencias directas como la prohibición de salir del país y la restricción de trámites migratorios ante Migración Colombia. Desde la perspectiva del empresario, esta medida afecta de manera directa el desarrollo de sus actividades profesionales en el exterior.
Adicionalmente, la defensa ha cuestionado presuntas irregularidades procesales, denunciando que durante cerca de cinco meses no se ha llevado a cabo la audiencia programada y que se habrían ignorado recursos de objeción y recusación presentados en contra del comisario Sanabria ante la Secretaría del Interior de Cartagena. Por esta razón, interpusieron una acción de tutela radicada bajo el número 13001-40-03-002-2026-001059-00 ante el Juzgado Segundo Civil de Cartagena, buscando la protección de los derechos fundamentales al debido proceso.
Mientras el proceso avanza en los estrados judiciales, el caso refleja las tensiones recurrentes en los procesos de familia en el país, donde las discusiones sobre visitas, cuotas provisionales y medidas drásticas como el REDAM continúan generando intensos debates jurídicos sobre los límites de las autoridades locales y las garantías procesales de las partes involucradas.
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