Según datos divulgados por esa cartera, en lo corrido del año se han detenido por ese delito 432 personas, 227 de las cuales eran motociclistas.
Los tramitadores de este tipo de documentos enfrentan penas de entre 6 y 12 años de prisión, mientras que los portadores pueden encarar penas de entre 4 y 12 años.
Esto sin mayor miramiento sobre si fue adquirida ilegalmente de forma voluntaria o mediante engaño, por lo que las autoridades piden a la ciudadanía dirigirse directamente a hacer este tipo de procedimientos, evitando la intermediación de los mencionados tramitadores.
“El que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso de documento público falso que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años. Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, el mínimo de la pena se incrementará en la mitad”, reza el artículo 291 del Código Penal, citado por el ministerio.
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Según la ministra Ángela María Orozco, esta ofensiva contra la falsificación de licencias es una forma de combatir también la accidentalidad, evitando que se otorguen a personas no aptas para ponerse al volante; ya sea porque tienen su permiso original suspendido por infracciones, o porque no cumplen con los requisitos mínimos para solicitarlo.
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