Lo que usualmente ocurre en cualquier elección popular es que uno o varios de los candidatos que se presentan ante el electorado manifiesten su inconformidad con los resultados una vez se producen los escrutinios. Es decir que apelan o interponen acciones contra hechos concretos, con los números en las manos. Eso es normal. Incluso, puede haber aspirantes que enrarezcan una jornada electoral pocos días antes de producirse porque quizá, de antemano, se saben perdedores. Pero arrojar un peligroso manto de duda sobre unos comicios casi un año antes de que ocurran, como lo acaba de hacer el presidente Gustavo Petro, resulta, por lo menos, temerario, aun más cuando él ha sido favorecido, en siete elecciones diferentes, por el sistema que ahora critica.
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“Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”, escribió el mandatario en X este miércoles, antes de que la Registraduría Nacional asignara el contrato de la logística de la operación electoral al consorcio del que hace parte la empresa contra la cual ha manifestado una aguda ojeriza desde hace años: Thomas Greg & Sons. La frase de apenas nueve palabras podría ser la más destructiva que hasta ahora ha pronunciado el jefe de Estado en su administración por sus delicadísimas implicaciones. Para empezar, el año entrante se producirán cuatro eventos electorales: consultas internas de los partidos, elecciones del Congreso y primera y segunda vuelta (si es necesaria) de las presidenciales, y todos están ahora contaminados con lo dicho por el presidente Petro.
Pero la afirmación, además de predisponer peligrosamente desde bien temprano a sus seguidores, también resulta destructiva por lo imprecisa. Las elecciones son un evento en el que está comprometido todo el Estado, y el presidente —cuya investidura y responsabilidades constitucionales lo obligan a bridar todas las garantías para unas elecciones transparentes y seguras— no dice cuál es la amenaza concreta contra la transparencia.
No considera, quizás a propósito o por un también reprochable descuido, que en unas elecciones no solo participa la Registraduría Nacional como organizadora del proceso electoral, sino también otras autoridades como el mismo Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y municipales, y la ciudadanía que lleva a cabo labores como jurados de votación y testigos electorales. Son esos ciudadanos los que cuentan los votos inicialmente en las mesas de votación y los anotan en los formularios de escrutinio de mesa. Luego, toda esa información llega a las comisiones de escrutinio en donde están los jueces de la República y los notarios. Entonces, ¿a qué aspecto de este complejo proceso se refiere el presidente Petro?
Elecciones que han favorecido a Gustavo Petro
El sistema así organizado, y en el que ha participado como operador logístico Thomas Greg & Sons, la empresa malquerida por el presidente, le ha contado al hoy mandatario más de 20 millones de votos desde hace más de 30 años en siete procesos electorales en los que se ha presentado como candidato: en 1992 fue elegido representante a la Cámara con 12.024 votos; en 1997 y 2002 repitió como representante con 117.919 votos y 78.895 votos, respectivamente; y en 2006 dio el salto al Senado con 143.443 votos. Después, en 2011, fue elegido alcalde de Bogotá con 723.157 votos; y en 2018, por ser el segundo en las elecciones presidenciales con 8’040.449 votos volvió al Senado. Su seguidilla concluyó en 2022 cuando fue elegido presidente de la República con 11’292.750 votos.
En todo ese tiempo no le hizo mayores reparos al sistema electoral que le contó los votos y le acreditó sus triunfos. Y mucho menos sembró dudas con un año de anticipación. Por eso, resulta pertinente la pregunta que se hizo la sección ‘Código Caracol’ de Noticias Caracol —que recuperó los números en las elecciones que favorecieron a Petro—, y que ahora se hace toda Colombia, en el sentido de que no se entiende “¿por qué en esas siete victorias de Petro el sistema sí sirvió y ahora no?”, sobre todo si se tiene en cuenta que desde 1986 ese mismo sistema electoral ha contratado con Thomas Greg & Sons la logística de las elecciones. La firma ha conseguido esos contratos en diferentes gobiernos y con diferentes registradores desde hace ya 40 años, lo que habla de su cumplimiento, conocimiento, experiencia y estructura.
Como consecuencia, han surgido varias tesis que buscan explicar lo dicho por el presidente Petro, y que van desde las que afirman que el mandatario está viendo ya el fracaso de la reelección de su proyecto político en 2026, para lo cual necesita deslegitimar muy temprano el proceso electoral del año entrante, y las que sostienen que se trata de un nuevo globo para que el país debata sobre ese tema mientras, por debajo, sigue sacando adelante un proyecto de decreto que le amplía el mandato a la Imprenta Nacional con un parágrafo que la autoriza a subcontratar con una empresa privada, sin licitación (es decir, a dedo), la elaboración de los pasaportes, el otro proceso del que el jefe de Estado está obsesionado con sacar a Thomas Greg & Sons.
Como sea, la gravedad de lo afirmado por el presidente Petro también se entiende, además de por poner en duda la capacidad y solvencia del Estado colombiano para llevar a cabo unas elecciones y la credibilidad en la Registraduría, por seguir despertando la inquietud de quienes temen que está allanando el camino para desconocer los resultados de las elecciones del 2026 y, en medio de ese caos institucional, avanzar a toda costa con ideas como la de una asamblea nacional constituyente y otras que rayan en lo caricaturesco, como la del recién nombrado jefe de gabinete, Alfredo Saade, que propone la reelección para que el presidente Petro se quede 20 años en el poder.
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