La Ley de Restitución de Tierras, aprobada por el Congreso, y avalada por la Corte Constitucional, pretende devolverles a los campesinos varios millones de hectáreas en tierras arrebatadas por organizaciones armadas (paramilitares y guerrillas) que los despojaron y generaron el éxodo de campesinos que convirtieron a Colombia en el país con el mayor número de desplazados internos del hemisferio.

La ley prevé que, a través de sentencias que expedirán los jueces de tierras, creados por la Ley, se les devuelvan con títulos legales los predios expropiados a la fuerza, o se les entreguen otras, que bien podrían ser baldíos de la Nación, según la explicación que hace de la norma el jurista Rodrigo Uprinmy en su columna de El Espectador.

La restitución busca un doble propósito: que los desplazados que perdieron tierras por despojo o abandono forzado puedan recuperarlas; y evitar la legalización de las riquezas obtenidas a costa del sufrimiento de los desplazados”,

dice el columnista.

Antes de que los campesinos desplazados reclamen ante la Justicia, deberán postularse ante una oficina del Gobierno, llamada la Unidad de Tierras, que previamente hace un estudio completo de los títulos y de las situaciones que originaron la pérdida, para avalar la reclamación, o negarla. Es decir, servir de filtro antes de que la reclamación llegue a conocimiento del Juez.

Esta instancia no solo busca dar plena legitimidad al título que se reconozca, sino que podrá expropiar los predios que hayan sido adquiridos mediante maniobras fraudulentas o por la fuerza.

La Unidad de Tierras, por su parte, tiene a su cargo la administración del banco de tierras baldías disponibles, y su deber es estudiar en detalle y conocer la historia del despojo.

La Ley 1448 prevé que si una persona de buena fe adquiere un bien que antes había sido objeto de despojo, y pagó el valor justo por él, podrá ser indemnizado si la justicia ordena que el predio sea devuelto a su poseedor original, víctima de la acción de los grupos violentos.

Caso contrario es el de quien a través de maniobras engañosas, testaferrato, fraude notarial, o uso de la violencia, ostente la posesión de una finca. No será considerado como poseedor de buena fe, y deberá devolverle su predio al campesino que fue desplazado y despojado, sin indemnización.

La Ley de Tierras, sin embargo, comenzó a recibir fuertes cuestionamientos de algunos sectores políticos y económicos, ligados a gremios agropecuarios que han defendido tradicionalmente el latifundio, la ganadería extensiva y la renta.

¿A qué se opone el procurador y el presidente de Fedegán en esta Ley? A que los poseedores tengan que probar la buena fe exenta de culpa, es decir, que quienes actualmente ocupan tierras reciban una indemnización para dejar el predio devuelto a su dueño original.

La solución para los campesinos que puedan verse nuevamente desplazados por las sentencias, que son la preocupación expresada por el procurador Ordóñez no es cambiar la ley sino que el Estado les garantice alternativas en su condición de nuevas víctimas.

Eso sí, una vez se depure la base de reclamantes de tierras, que en un porcentaje que se estima en un 40 por ciento serían falsos desplazados. Y una vez también se dote a los jueces de tierras de herramientas para que sus fallos gocen de legitimidad.

Y que el Estado proteja a los campesinos reasentados en sus tierras y les ofrezca opciones productivas.