El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Mientras que la Registraduría alista los detalles finales para la adjudicación de un contrato por $2 billones para la organización y realización de las elecciones de 2026, el presidente Gustavo Petro, y otros altos funcionarios, reforzaron la tesis de una supuesta “falta de garantías” para llegar a las urnas el año entrante.
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El episodio más reciente en ese sentido lo planteó el mandatario este miércoles al salir en defensa de su administración ante el supuesto intento golpista de quien fue su canciller por 21 meses, Álvaro Leyva, de acuerdo con unos audios filtrados esta semana. Y ese paso lo dio en clave electoral, pues al final su apuesta es que haya continuidad de la izquierda en el poder.
En cinco publicaciones en X de 37 párrafos, el presidente aseguró que desde su visión sí habría dudas sobre las garantías para los comicios de Congreso y Presidencia que se avecinan.
De hecho, en uno de los trinos que lanzó mientras culminaba un periplo de cuatro días por España y Francia dijo que: “qué garantía podemos tener en las próximas elecciones, si el exregistrador [Alexander Vega, hoy codirector de La U], el registrador [Hernán Penagos] y el Consejo Electoral han actuado contra nuestros derechos; el golpe de Estado se venía fraguando, Leyva no estaba solo”.
Tienen a la fiscal fregada con su puesto, en el consejo de Estado, lo han demandado, cosa rara, en la sección que siempre falla en mi contra y hace “law fare”, qué coincidencia, la misma sección que ha sacado mis embajadores, congresistas, alcaldes y gobernadores del Pacto…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 2, 2025
Pero no es la primera vez que el jefe de Estado se refiere al tema. En repetidas ocasiones, ha cuestionado a la Registraduría, sobre todo, por la contratación de la firma Thomas Greg & Sons. Incluso, esta empresa se encuentra envuelta en otra polémica que también surgió desde la Casa de Nariño: la impresión de pasaportes.
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