El Consejo de Estado confirmó este martes que decretó en primera instancia la pérdida de investidura de Aída Merlano, que resultó elegida al Congreso para el periodo 2018-2022 y que hoy se encuentra presa por el delito de compra de votos.

“[…] por cuanto se demostró que su campaña para las elecciones del 11 de marzo del 2018 vulneró, con la aquiescencia de ella, los topes máximos de financiación electoral”, explicó el alto tribunal a través de un comunicado.

De acuerdo con el tribunal, la campaña de Merlano no podía sobrepasar los 884 millones de pesos en gastos, que fue lo que autorizó el Consejo Nacional Electoral, pero según la demanda “gastó más de 1.730 millones de pesos, suma que supera de lejos el monto máximo permitido, según lo evidencian las pruebas que obran en el expediente” y las que recaudó la Fiscalía en medio del allanamiento a la sede de campaña de Merlano, el pasado 11 de marzo en Barranquilla.

“La Sala encontró que la señora Merlano Rebolledo estaba al tanto de todo lo que allí ocurría y, por ende, tenía conocimiento de los movimientos financieros de su campaña”, agrega el Consejo de Estado.

Lo que más compromete a la mujer en la investigación por compra de votos es “la renuencia injustificada a rendir el informe de ingresos y gastos de campaña, el incumplimiento del deber de nombrar el gerente de la misma, la omisión en la apertura de una cuenta bancaria para el manejo de los recursos y la falta de registro de los asientos contables”.

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Esto, de acuerdo con el tribunal, muestra que Merlano tenía “intención de ocultar el flujo de gastos”, con lo que buscaba “obtener un provecho con miras a garantizar su elección al Senado, como en efecto ocurrió”.

La investigación en contra de Merlano se materializó el pasado 11 de marzo cuando agentes del CTI de la Fiscalía allanaron su sede de compaña, conocida como ‘Casa blanca’, y encontraron que allí habría funcionado “una sofisticada red de compra de votantes, que incluso utilizaba calcomanías con código de barras bidimensional (código QR) para identificar y hacer seguimiento a los líderes encargados de la compra de votos”, informó la Fiscalía en un boletín.

También, los investigadores hallaron 4 armas de fuego, 9 computadores, un sofisticado sistema de cámaras de seguridad, 268 millones de pesos en efectivo y documentos como certificados electorales, fotocopias de cedulas de ciudadanía, planillas electorales y listados “con nombres de votantes y líderes que estaban organizados presuntamente para la compra de votos”.