Lo hizo en un comunicado, donde criticó que esta se utilice para “vulnerar” los derechos humanos y no para protegerlos, como evidenciaría la investigación que la revista Semana publicó el sábado sobre seguimientos de miembros del Ejército a por lo menos 130 personas, entre ellos periodistas nacionales y extranjeros, defensores de derechos humanos, sindicalistas e incluso generales y miembros del Gobierno.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia (ACNUDH) expresó “su profunda preocupación por estas denuncias públicas que señalan la existencia de agresiones frente a la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, entre otras personas”.
Reiteró que “la regulación e implementación de actividades de inteligencia debe guardar correspondencia con la garantía de protección de los derechos humanos, no vulnerarlos”.
En el mismo pronunciamiento, el organismo ratificó “su apoyo y su solidaridad con el trabajo legítimo de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de partidos políticos, jueces y otras personas, en Colombia”.
Además, recordó al Estado colombiano la recomendación de la Alta Comisionada de “tomar medidas específicas para que los sistemas de inteligencia respeten los derechos humanos y estén sujetos a estrictos controles civiles y judiciales”.
También pidió avanzar en la investigación de los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos, e implementar un mecanismo efectivo de depuración de archivos con la activa participación de la Procuraduría.
El más reciente y fuerte llamado que la ACNUDH le había hecho al Estado colombiano es recordado por la tensión que su petición generó entre dicha organización y el Gobierno Nacional. Sucedió en febrero, luego de que esa oficina presentara su informe anual sobre derechos humanos en el país, documento en el que urgió revisar los protocolos de armamento y uso de la fuerza del Esmad.
Dichas sugerencias fueron calificadas en su momento por el presidente Iván Duque como una “intromisión en la soberanía” colombiana, crítica a la que el mandatario agregó su inconformismo frente a las que consideró “imprecisiones” en el informe que, a su juicio, no decía la verdad sobre los “avances” de su Gobierno en la implementación del acuerdo de paz.
Días después, en marzo, la misma oficina le pidió al Gobierno fortalecer las garantías para los derechos de los líderes sociales en el país. Esa solicitud se hizo en momentos en que se conocían denuncias por el asesinato de 29 de esos líderes en lo que iba del año.
Esta última cifra, de acuerdo con el más reciente reporte de Indepaz, hoy llega a 84 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo corrido de este 2020.
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