La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) había alertado en las últimas horas sobre el confinamiento de 500 personas por combates entre el Ejército y disidencias de las Farc.

Según ese organismo, los enfrentamientos armados han causado el confinamiento de 200 familias que habitan en las veredas de Los Mangos, Naranjal parte baja y La Esmeralda, todas en el municipio de Suárez.

Estas comunidades se han alojado en una casa de la vereda de Bellavista con el fin de “resguardarse de las hostilidades y el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado”.

Por eso fue necesaria la presencia de las autoridades, lideradas por el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien anunció a los medios el incremento del pie de fuerza en la zona:

“Vendrán alrededor de 450 soldados adicionales para la Tercera División. Viene un batallón contra el narcotráfico, puede tener entre 300 y 600 personas; va a venir un batallón de fuerzas especializadas con aproximadamente 300 personas, lo cual nos va a permitir atacar duramente algunas organizaciones criminales que hoy en día tienen presencia en el departamento del Cauca”.

Entre tanto, el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, dijo, citado por Blu Radio, que seguirá trabajando en la sustitución de cultivos ilícitos y en la inversión social para superar el drama que tienen muchos indígenas y campesinos que viven de estas economías.

Esto porque “la mayoría de las personas afectadas pertenecen a comunidades indígenas y campesinas. En el marco del confinamiento, se presentan limitaciones en la movilidad y restricciones de acceso a bienes, servicios y derechos fundamentales”, alertó la OCHA.

Indígenas asesinados en el Cauca
Indígenas asesinados en el Cauca / AFP

Por otro lado, el CTI de la Fiscalía también incrementará su personal en 10 unidades para apoyar a los alcaldes del norte del departamento, donde se han registrado los últimos hechos de violencia, añadió RCN Radio.

La emisora también recogió la declaración del senador indígena Feliciano Valencia que indicó que sus autoridades y las ordinarias deben tener una coordinación: “Hay que advertir que nuestro ejercicio es tan válido y respetable como el de cualquier otra institución que ejerza dentro de los territorios”.

Esta declaración del congresista se da porque los indígenas no quieren que se expanda el narcotráfico en la zona y están combatiendo contra ello, pero las autoridades se niegan a permitir eso pues dicen que enfrentar ese flagelo es trabajo del Ejército, añadió Noticias Caracol.

Las autoridades también continuarán las operaciones militares contra el Grupo Organizado Residual ‘Jaime Martínez’, dedicado al narcotráfico sobre la Cordillera Occidental.

Justamente, esos enfrentamientos son los que han dejado a la comunidad confinada en Suárez, municipio por el que la Defensoría del Pueblo ya había lanzado un SOS para frenar la violencia a merced del tráfico de drogas, pues desde hace una semana se presentaron varios combates que obligaron a cancelar las clases en los colegios y que pudieron retomarse este martes.

De hecho, el pasado viernes una delegación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) y de la Defensoría del Pueblo quedó en medio de un ataque a la fuerza pública en esa localidad.

Indígenas asesinados en el Cauca
Indígenas asesinados en el Cauca / AFP

Esa delegación tenía como objetivo realizar labores humanitarias a la población afectada, por lo que instó “urgentemente” al Ministerio del Interior y a la Gobernación del Cauca a “coordinar un corredor humanitario” para ingresar alimentos y víveres.

La OCHA mencionó hoy que es necesario garantizar la protección de la población afectada, pues su “integridad física se encuentra en riesgo”, y afirmó que se les debe permitir el “acceso a sus unidades productivas”, ya que la economía de las familias se ve afectada.

Asimismo, la semana pasada el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) informó del asesinato de dos integrantes de la Guardia Indígena en una vía que une a los municipios de Toribío y Caloto, y que el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, atribuyó a las disidencias.