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Hanner Moisés Rincones Miranda, un profesional de la salud, fue enviado a prisión tras ser señalado como responsable de la muerte de una mujer de 38 años durante una cirugía clandestina, llevada a cabo en el centro de Medellín el 28 de octubre de 2024. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Rincones Miranda, junto con dos personas más, habría preparado un inmueble con insumos y equipos médicos adecuados para intervenir a la víctima, cuyo propósito era extraer sustancias estupefacientes que portaba en su cuerpo. La situación tuvo un desenlace fatal para la paciente.
La reconstrucción de los hechos, basada en la información recopilada por la Fiscalía, señala que en un primer intento, los médicos trataron de extraer los estupefacientes por vías naturales. Sin embargo, al no conseguirlo, practicaron una incisión abdominal, lo que produjo la ruptura de varias venas y desembocó en un choque hemorrágico irreversible, que causó la muerte de la mujer. Este procedimiento mostró no solo la falta de protocolos médicos adecuados, sino también el alto riesgo al que se someten quienes acuden a operaciones irregulares.
Tras el agravamiento del estado de salud de la paciente, los implicados decidieron abandonar el lugar, dejando a la mujer sin atención y sin informar a sus familiares sobre lo acontecido. Cuando la persona que acompañaba a la víctima logró ingresar al consultorio, la encontró convulsionando. El deterioro fue tan acelerado que el traslado a un centro asistencial resultó imposible.
Testimonios de familiares, recogidos por medios como El Colombiano, revelan el temor de la víctima a ser judicializada, lo que la llevó a evitar acudir a un servicio médico regulado. Este miedo tiene sustento en el delito de tráfico de estupefacientes, ya que días antes habría acordado la operación clandestina con quienes la intervinieron, para evitar una posible condena al ser descubierta por las autoridades médicas y judiciales.
El dictamen forense determinó la presencia de 643 gramos de cocaína y marihuana en el interior de la paciente. Según la Fiscalía, la sustancia tenía como destino la isla de San Andrés. Por estos hechos, Rincones Miranda fue imputado con los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en calidad de cómplice. Aunque la defensa del médico no aceptó los cargos, continuará detenido bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Adicionalmente, Yuranis Paola Miranda Duarte, asistente en el procedimiento, fue también judicializada y se encuentra actualmente en etapa de juicio, de acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía. Los acontecimientos en torno a este caso ponen en relieve los riesgos de las intervenciones clandestinas y la vulnerabilidad de quienes, por miedo a ser judicializados, optan por eludir los canales regulares de atención en salud.
¿Por qué las personas acceden a procedimientos médicos clandestinos a pesar de los riesgos?
La decisión de someterse a intervenciones médicas fuera de la legalidad suele estar motivada por el temor a involucrarse con las autoridades, especialmente cuando se relaciona con delitos como el tráfico de estupefacientes. En este caso, según información del reportaje de El Colombiano, la víctima no quiso acudir a urgencias tras las complicaciones de salud producto del procedimiento fallido por miedo a ser detenida y judicializada.
Este contexto ilustra cómo el miedo a la persecución legal puede ser más fuerte que la preocupación por la seguridad personal, empujando a personas en situaciones de riesgo a buscar alternativas como la atención clandestina, que carece de garantías sanitarias, expone a procedimientos peligrosos y, como en este caso, puede tener consecuencias mortales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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