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El juicio penal por el controvertido caso del megalote Aguas Vivas en Medellín avanza tras el reciente aval de la jueza 22 Penal del Circuito con funciones de conocimiento, quien autorizó la participación del Distrito como víctima en el proceso. Seis de los trece implicados en esta investigación, entre ellos el exalcalde Daniel Quintero y varios exfuncionarios de alto rango de su administración, habían objetado la solicitud de la Alcaldía de Medellín de intervenir en defensa de sus intereses, argumentando, a través de sus abogados, diversas razones para impedir dicho reconocimiento. De acuerdo con la información suministrada por El Colombiano, el proceso gira en torno a la presunta pérdida de más de 40.000 millones de pesos del erario, vinculada a una compleja operación sobre el lote Aguas Vivas: inicialmente, este predio fue entregado al Distrito como parte de las obligaciones urbanísticas requeridas a los constructores, quienes deben aportar espacio público para la ciudad por cada proyecto que realizan.
Posteriormente, hubo gestiones para que la administración reconociera cerca de $48.000 millones a los particulares originalmente responsables del lote. Aunque esa transacción no se realizó y el predio retornó a manos de sus anteriores dueños, un decreto promulgado en mayo de 2023 habría añadido valor al retirarle restricciones a su uso para proyectos urbanísticos. En este contexto, la Fiscalía adelanta cargos graves como peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción e interés indebido en celebración de contratos, delitos por los que responden no solo Daniel Quintero —actual superintendente de Salud—, sino también su exsecretario general Fabio Andrés García y otros funcionarios de alto nivel, así como tres particulares vinculados a empresas constructoras.
Durante la última audiencia, que además abordó solicitudes de nulidad del proceso por supuestos vicios de fondo y forma, los abogados defensores expusieron la supuesta incompatibilidad del Distrito como víctima, alegando incluso un conflicto de interés dado que el actual alcalde, Federico Gutiérrez, ha denunciado al exalcalde Quintero y viceversa. Sin embargo, la juez desestimó ese argumento, señalando que no existe tal conflicto y que las denuncias se encuadran en deberes legales contemplados en el Código de Procedimiento Penal y el Código Disciplinario Único. Adicionalmente, la magistrada dejó claro que la responsabilidad penal y la fiscal son independientes; solo uno de los delitos imputados depende de demostrar daño patrimonial, mientras que para los demás basta acreditar interés indebido o prevaricato.
Por ahora, la audiencia ha sido suspendida para permitir que las partes apelen la decisión y continuará el próximo 2 de julio, fecha en la que se escucharán los recursos interpuestos. Posteriormente, habrá una nueva diligencia programada para el 14 de julio, mientras el caso sigue generando grandes expectativas en la ciudad de Medellín y el país.
¿Cuál es el trasfondo del caso Aguas Vivas en Medellín y qué delitos se investigan?
El caso Aguas Vivas se centra en la gestión de un lote que, tras ser entregado al Distrito como parte de obligaciones urbanísticas, regresó a manos privadas y fue posteriormente valorizado mediante un decreto que eliminó restricciones urbanísticas. La investigación penal involucra delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en celebración de contratos, que se atribuyen tanto a exfuncionarios públicos como a particulares.
¿Qué significa el delito de peculado por apropiación en favor de terceros?
El delito de peculado por apropiación en favor de terceros consiste en que un servidor público se apropia de bienes estatales o permite que sean apropiados por otras personas, en contra del patrimonio del Estado. En el proceso del lote Aguas Vivas, se investiga si funcionarios y particulares facilitaron la apropiación de recursos públicos o beneficios indebidos mediante acciones irregulares.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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