El encargado de entregar el reporte de las supuestas interceptaciones fue Fabio Espitia, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia:

“Esta es una evaluación técnica que se ha podido hacer a través de unas investigaciones e indagaciones directas en los sistemas de la Fiscalía y con una verificación por parte de las empresas que prestan los servicios de telefonía”.

Eso significa, según explicó que el funcionario que “no existen interceptaciones ilegales ni han existido” contra los magistrados de la Corte, pese a que en días anteriores el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, aseguró que existía una organización delictiva dedicada a esta actividad.

Espitia detalló que la información será entregada al juez que adelanta el proceso contra las dos personas que tenían la intención de chuzar a los magistrados.

Los dos procesados sí estaban siendo interceptados por la Fiscalía porque estarían involucrados en un caso de corrupción y fue allí donde se conoció lo que estaban planeando contra los integrantes del alto tribunal.

El objetivo de esto era obtener datos personales y detalles de las personas con las que se comunicaban los magistrados para extorsionarlos y que fallaran a favor de la tutela que estos hombres interpusieron en febrero pasado, indicó en su momento Martínez Neira; teoría que se desvirtuó en las últimas horas con las conclusiones de la investigación.