La respuesta de Cristina Lombana a ese diario, aunque escueta, es suficiente para aclarar que sí hubo al menos un encuentro, el cual habría tenido lugar en enero.

“Yo no investigo a militares y solo me pronuncio a través de decisiones judiciales en mi calidad de juez de la República”, aseguró primero la togada, conocida por muchos como ‘La Calladita’, después de que el periodista Daniel Coronell la mencionara de esa manera en una de sus columnas en la que revelaba que debía haber reconocido que estaba impedida para asumir procesos contra el senador Álvaro Uribe.

Luego aceptó lo sucedido: “En enero sí hubo una reunión con el general Zapateiro, recién él llegó a su cargo, y porque ofreció su disposición total, en el marco de la colaboración entre instituciones que estipula la Ley 600”.

Imagen de referencia del Ejército / María Jimena Duzán

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Lombana se refiere a la colaboración que el general también ofreció públicamente una vez asumió la comandancia del Ejército. Esto tras el allanamiento que ella misma ordenó en diciembre al enterarse de los presuntos seguimientos ilegales que practicaba la inteligencia de la institución.

Duzán destacó que lo dicho por Lombana era suficiente para probar sus denuncias del fin de semana, e insistió que no había sido el único encuentro con altos mandos militares. Su denuncia indica que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia habría actuado para “beneficiar” a algunos de os implicados en los implicados en los seguimientos.

Sin embargo, ¿qué implicación directa tiene lo sucedido? El Tiempo dice que consultó a un experto procesalista, cuya identidad no reveló, quien indicó que Zapateiro podría estar incurriendo en extralimitación de funciones o incluso abuso de autoridad pues “las reuniones protocolarias son con las cabezas de las entidades y la magistrada Lombana no lo es”:

“El señor general Zapateiro se tuvo que reunir con el presidente de la Corte o en su defecto con el de la Sala de Instrucción”, enfatizó el especialista.

Además, en lo que respecta a la magistrada, indicó que, además de ser exmilitar, “según el artículo 6 de la Constitución, los funcionarios públicos como Lombana solo pueden hacer lo que se les está permitido y eso no contempla las reuniones con cabezas de entidades que hacen parte de sus investigaciones”.