Escrito por:  Redacción Nación
Oct 21, 2026 - 10:02 pm

La agenda legislativa del presidente Abelardo de la Espriella consiguió un avance clave en el Congreso, pero la jornada estuvo lejos de ser tranquila. La ley de sometimiento impulsada por su Gobierno recibió luz verde en primer debate en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, en medio de la ausencia de sectores de oposición y de la tensión política que rodeó la salida de Rodrigo Lara, quien fue uno de sus principales promotores. 

Con este paso, la iniciativa podrá continuar su trámite legislativo en las plenarias de ambas corporaciones, donde deberá enfrentar nuevas discusiones antes de convertirse en ley. El proyecto busca establecer las condiciones jurídicas para que integrantes de grupos armados y estructuras criminales se sometan a la justicia.

 

La propuesta hace parte de la estrategia de seguridad del Gobierno y busca marcar distancia frente a la política de ‘paz total’ de la administración anterior. La iniciativa plantea una ruta jurídica para el sometimiento, con condiciones y beneficios judiciales sujetos al cumplimiento de compromisos con la justicia.

Uno de los cambios incluidos en la ponencia fue sustituir el concepto de “rol de liderazgo” por “rol de mando”, además de precisar límites para el acceso a rebajas de penas y otros beneficios jurídicos de quienes hayan ocupado posiciones de autoridad dentro de las organizaciones criminales. Estos ajustes fueron presentados por los ponentes oficialistas como una forma de aclarar el alcance de la norma.

Rodrigo Lara salió del Ministerio del Interior y De la Espriella anunció remplazo

El avance legislativo coincidió con un movimiento importante dentro del gabinete. El presidente anunció la salida de Rodrigo Lara Restrepo y confirmó que Alejandro Ordóñez Maldonado asumirá como nuevo ministro del Interior. Mientras se formaliza su llegada, Iván Cancino, ministro de Justicia, quedará temporalmente al frente de esa cartera, según informó Pulzo.

Por ahora, la ley de sometimiento todavía deberá superar las siguientes etapas del trámite parlamentario. Su aprobación definitiva dependerá de las discusiones y votaciones pendientes, en medio de los cuestionamientos de sectores que advierten sobre los beneficios jurídicos previstos para integrantes de organizaciones criminales.

 

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