Lo que comenzó como un comentario jocoso entre los integrantes de la mesa de trabajo de La W, terminó convertido en toda una propuesta avalada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de un mensaje en su cuenta X en el que propuso que las personas decidan si una ruptura amorosa debería contar para tener incapacidad laboral.
(Vea también: Pasos para la consulta popular en Colombia: ¿Qué pasa cuando Petro la entregue al Senado?)
Aunque no fue uno de los principales abanderados de la propuesta, el ministro del Interior puso la misma en boca del reconocido periodista Juan Diego Alvira, a quien le adjudicó la curiosa propuesta a manera de pregunta número 13, además de las 12 que ya fueron reveladas a la opinión pública y presentadas al Congreso por el presidente Petro.
“¿Está usted de acuerdo en que la pena de amor por ruptura amorosa, vínculos o casi algo, sean reconocidas como incapacitante y remunerada al 100%?”, dice la supuesta pregunta formulada por Benedetti en respuesta al diálogo en la W, que comenzó a partir del dato curioso de que algunos países se han sumado de manera oficial a esta propuesta.
La pregunta Alvira #13 @JuanDiegoAlvira: ¿Está usted de acuerdo en que la pena de amor por ruptura amorosa, vínculos o casi algo, sean reconocidas como incapacitante y remunerada al 100%?
— Armando Benedetti (@AABenedetti) May 5, 2025
El mismo Alvira reaccionó en la emisora, asumiendo, de manera sarcástica, que ahora debe ser él a quien corresponda llevar la pregunta sobre la ‘tusa’ a los electores en Colombia, que, en el plano real, serán quienes deban definir si la consulta tiene o no validez.
¿En qué países del mundo hay incapacidad laboral por ruptura amorosa?
Algunos países han comenzado a reconocer el impacto emocional de una ruptura amorosa en el desempeño laboral y han implementado licencias especiales para quienes atraviesan este tipo de situaciones. Según el portal especializado Allbright, Japón, Australia, Filipinas y Alemania han adoptado medidas que permiten a los empleados tomar días libres para recuperarse del estrés emocional. En Alemania, esta licencia se conoce como ‘liebeskummer’, que significa “dolor de amor”.
El beneficio principal de esta medida es que ayuda a los trabajadores a procesar el duelo emocional sin afectar su rendimiento laboral. Estudios citados por Allbright indican que el estrés causado por una separación puede producir síntomas físicos como aumento de la presión arterial, insomnio, pérdida de apetito y ansiedad. Al permitir que los empleados tomen tiempo para recuperarse, las empresas pueden mejorar la productividad a largo plazo y reducir el ausentismo por problemas de salud mental.
Además, esta política contribuye a eliminar el estigma en torno a la salud emocional en el entorno laboral. Según expertos consultados por Allbright, reconocer el impacto de una ruptura amorosa en el bienestar de los empleados refuerza una cultura empresarial más humana y empática, lo que a su vez mejora la satisfacción y el compromiso de los trabajadores con sus empleadores.
¿Qué sigue para la consulta popular en Colombia?
El presidente Gustavo Petro presentó el 1 de mayo el documento oficial de la consulta popular ante el Senado, dando inicio al trámite legislativo. Ahora, el Congreso tiene un plazo de 20 días para emitir un concepto favorable o desfavorable sobre la propuesta. Si la mayoría de los senadores no aprueba la consulta, esta quedará descartada. En caso de que el Senado no se pronuncie dentro del tiempo estipulado, el Gobierno podría convocarla por decreto, según lo establece la Ley 134 de 1994.
Si el Senado aprueba la consulta, el siguiente paso será la convocatoria oficial a votación, que podría llevarse a cabo el tercer domingo de octubre. Para que la consulta sea válida, al menos 13,6 millones de ciudadanos deben participar en la jornada electoral. Además, cada una de las 12 preguntas incluidas en la consulta deberá obtener la mitad más uno de los votos válidos para ser aprobada.
El Gobierno ha señalado que, si la consulta es aprobada por los ciudadanos, el Congreso tendrá la obligación de legislar conforme a las preguntas aprobadas. Si no lo hace en un plazo de dos años, el presidente en funciones podrá promulgar decretos con base en los resultados de la consulta.
El proceso enfrenta un camino complejo en el Congreso, donde la oposición ha cuestionado la iniciativa, argumentando que se trata de una estrategia política para fortalecer el respaldo popular de cara a las elecciones de 2026. Sin embargo, encuestas recientes indican que la consulta ha despertado un amplio respaldo ciudadano, con un 57 % de aprobación frente a un 40 % de rechazo.
La consulta popular representa un desafío tanto para el Gobierno como para el Congreso, ya que su aprobación o rechazo tendrá implicaciones directas en la agenda legislativa y en el panorama político del país. En las próximas semanas, el debate en el Senado será clave para definir el futuro de esta iniciativa.
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