El escándalo por el manejo de los recursos para la paz vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez, la Procuraduría abrió una nueva línea de investigación por irregularidades en un millonario contrato que prometía la construcción de pavimento en la vía que comunica el corregimiento de San Lorenzo a Santa Rosa en Nóvita, Chocó, por un valor de 10.594 millones de pesos.

Ahora el que está bajo la lupa del Ministerio Público es el exsecretario técnico del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad-Paz), Álvaro Ávila Silva.

(Lea también: A Petro le salió cara la destrucción de vía que inauguró; le pusieron el ojo a la obra)

Según las indagaciones que se han adelantado, el exfuncionario habría actuado de manera anormal porque, si bien fue el encargado de revisar el proyecto para que posteriormente fuera aprobado por el Ocad-Paz, ese contrato civil de obra pasó en limpio sin tener en cuenta la verificación y el resultado del Índice de Gestión de Proyecto de Regalías (IGPR) donde se exponen los requisitos de viabilidad exigidos por la ley y la capacidad en ejecución de proyectos de infraestructura vial.

También se estaría investigando la presunta irregularidad en la postulación y designación al Fondo Mixto para la Promoción de Deportes, el Desarrollo Integral y la Gestión Social como ejecutor del negocio jurídico porque, según la Procuraduría, no tenían la experiencia y “la suma de 10.594 millones de pesos no fue la apropiada porque el Fondo no habría demostrado suficiente capacidad para ejecución de proyectos de obra civil”.

Es precisamente en ese punto en el que el Ministerio Público hace énfasis al considerar que hubo falta de verificación por parte de la Secretaría Técnica de la Ocad Paz lo que se podría traducir en una presunta insuficiencia para llevar a cabo el proyecto.

(Vea también: “Planeábamos ir a RBD”: desgarrador testimonio luego de caída de helicóptero en Chocó)

La selección de contratistas por parte del Fondo Mixto, en este caso el Consorcio Pavimentación San Lorenzo, “no atendería los principios de selección objetiva, debido proceso, imparcialidad, igualdad, publicidad y transparencia”, puesto que iba en contravía de lo expuesto en el manual de contratación que exigía que el Fondo debía estar inscrito como aliado estratégico del contratante y pareciera, que no lo estaba.

Pero ahí no termina la indagación. Según la Procuraduría Segunda Distrital, las irregularidades continuaron incluso en la etapa de ejecución del proyecto debido a pagos anormales dentro del proceso. “De acuerdo con lo reportado en el acta de recibo parcial (…) se evidencian pagos realizados al contratista con los precios que presentarían presuntos sobrecostos”, indica el auto. A eso se le suma la presunta presentación extemporánea de la ejecución contractual del proyecto en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

Sin embargo, no es la primera vez que el Ministerio Público ordena esclarecer las acciones que enredan los recursos de los proyectos de paz. Desde mediados de 2022 han sido recurrentes las inspecciones de cada proyecto financiado con los recursos del Ocad-Paz, dinámica de la que también participa la Contraloría, luego de que se alertaran irregularidades en la ejecución de millonarios proyectos.

Por ahora, el ente de control espera desentramar qué pasó con los casi $11 mil millones que se enredaron por las presuntas acciones del exservidor público del Ocad-paz

LO ÚLTIMO