El escándalo por un presunto montaje por parte de la Policía de Pereira fue tan evidente y bochornoso que, en menos de una semana, desde que se conoció la denuncia a través de medios de comunicación, la Policía Nacional tomó las riendas del caso y relevó de sus cargos a siete oficiales, entre los que había coroneles, mayores y una teniente.

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La respuesta fue inmediata y estuvo a cargo del brigadier general Fernando Murillo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Dijín de la Policía.

Él mismo leyó el comunicado de esa institución, en el que se ordenó el relevo de los oficiales salpicados por un aparente montaje judicial que el pasado 18 de marzo puso en ridículo al alcalde de Pereira, Carlos Maya, y al propio ministro de Defensa, Diego Molano, entre otros.

“(…) se retira del cargo en este momento al coronel Aníbal Villamizar, quien estaba como comandante de la Policía de Pereira; al señor coronel, Jhon Fredy Falla Barón, quien era subcomandante de la Policía Metropolitana, a la señora teniente coronel Dewi Xiomara Jácome, quien era comandante operativa”, dijo el general Murillo.

Coronel Aníbal Villamizar, excomandante Policía de Pereira.
Coronel Aníbal Villamizar, excomandante Policía de Pereira.

Agregó el oficial, “(…) al nivel de la DIJIN se retira del cargo al señor coronel Carlos Andrés García Suárez, a la señora teniente coronel Ana Gabriela Gutiérrez Naranjo, quien era la jefe de la DIJIN regional de investigación criminal interpol número tres, al señor mayor Wilmar delgado herrera, quien era jefe de la SIJIN y al señor mayor Cesar Alfonso Bohórquez, jefe de comunicación estratégica de la DIJIN”.

La reacción institucional y consecuencias no eran para menos, ya que todos esos oficiales estarían implicados (por acción u omisión) en el montaje en torno a la demolición de una humilde vivienda del barrio La Libertad de Pereira (Risaralda).

Según las autoridades ese inmueble, que habría sido sometido a extinción de dominio, era usado como una olla de expendio de estupefacientes y se había convertido en “un foco de inseguridad y guarida de atracadores”, según palabras del propio ministro Molano.

Al día siguiente se supo que la famosa vivienda que intentaron demoler (tampoco se pudo derrumbar) no era una olla de venta y consumo drogas ni la guarida de jibaros. Era la propiedad de una humilde anciana que, un mes antes había sido reubicada en un hogar de paso porque la vivienda tenía una orden de demolición, pero por riesgo de colapso y no por extinción de dominio.

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Mejor dicho, todo resultó ser un montaje policial para, demostrar con bombos y platillos, que el Plan 1.000 del Ministerio de Defensa, con el que busca combatir el microtráfico, es un éxito.

Hasta ahí todo parecía un incidente aislado de unas manzanas podridas dentro de la Policía que, ya sea por presión o simple simpatía de sus superiores, quisieron mostrar resultados operacionales inexistentes.

Sin embargo, Diario Criterio investigó el problema y encontró un malestar generalizado de algunos fiscales y operadores judiciales en Risaralda, que permitirían inferir que los montajes policiales no son tan esporádicos y podrían ser un patrón con escandalosas consecuencias.

Un pequeño barrido con fuentes y expedientes judiciales permitió analizar al menos cuatro casos concretos en los que esos montajes serían tan evidentes que, no solo motivaron la absolución de los investigados sino que obligó a los jueces a compulsar copias a la Policía y Fiscalía General para que investiguen la conducta de los funcionarios implicados.

La otra perla que se halló en ese barrido periodístico, es que un mismo investigador de la Sijín, aparece salpicado por las mismas conductas cuestionables en dos procesos distintos.

¿Jíbara de 93 años de edad?

El montaje policial contra la humilde vivienda de una anciana de 93 años es indignante y está lleno de torpezas que ponen en duda la inteligencia de las autoridades.

Diego Molano, ministro de Defensa
Diego Molano, ministro de Defensa

Para empezar, eligieron como coartada una casa que apenas llevaba un mes abandonada; es decir, solo por ello era difícil y creíble sostener públicamente, con los vecinos, la tesis de que se trataba de una guarida que desde hace diez años usaban para la venta y consumo de estupefacientes.

La otra perla de ese montaje, es que fueron las propias autoridades quienes emitieron una Resolución ordenando su demolición, porque la estructura del inmueble amenazaba con riesgo de colapso y no por extinción de dominio.

Esa orden la emitió el 14 de marzo pasado, la inspección 15 municipal de Policía, tal como lo reveló a Caracol Radio, el joven Carlos Andrés Sánchez, nieto de la adulta mayor dueña de la casa y residente en la misma desde hace más de 20 años.

Con toda razón el joven nieto se preguntó: “si supuestamente la casa de mi abuela era una olla desde hace diez años, como aseguran ellos (autoridades), por qué nunca hubo un allanamiento, una queja de los vecinos o una investigación judicial en todo ese tiempo”, argumentó Sánchez.

Tampoco se entiende que, una vez se hizo pública la denuncia del montaje policial, desde el alcalde de Pereira, pasando por la misma Policía, intentaron mantener semejante mentira argumentando cifras sobre delincuencia en el sector, o mencionando supuestas investigaciones de la Fiscalía sobre ese inmueble.

De hecho, desde Asonal Judicial, sindicato de la rama judicial, cuestionaron públicamente el papel que pudieron desempeñar los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), en ese montaje.

Al final pudo más la sensatez y la fuerza de las evidencias, para que las autoridades de Pereira cambiaran de postura y por el contrario exigir que rueden cabezas, tal como lo sugirió posteriormente, el alcalde Maya.

Cocaína sembrada

A Héctor Fabio Mosquera Maturana le habrían sembrado 22 gramos de cocaína debajo de la nevera de su casa, mientras la Policía realizaba un procedimiento de allanamiento y registro en su vivienda localizada en la vereda Bachichi del municipio de Pueblo Rico (Risaralda).

Esa cantidad de cocaína, hallada debajo de la nevera en su casa, fue suficiente para que lo capturaran, imputaran y acusaran por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes el 18 de junio de 2018.

Y aunque el 20 septiembre de 2019 fue condenado en primera instancia y ese fallo fue apelado, el pasado 3 marzo de este año la propia Fiscalía le pidió al juez que lo absolviera por nulidad de lo actuado.

Dicho en palabras más simples, las pruebas que existían contra el señor Mosquera Maturana carecían de valor porque los propios compañeros policiales del investigador judicial que lideró el allanamiento, desmintieron que la droga estuviera debajo de la nevera del acusado y aseguraron que ese alcaloide le fue sembrado.

“La representante de la Fiscalía pidió que se absolviera al procesado ante la duda existente luego de escuchar la declaración del señor Christian Camilo García Lozano, ya que con ella se le restaba credibilidad al informe de allanamiento y registro y a lo manifestado por Yonatan Salazar Robledo”, se lee en el expediente judicial de ese caso.

La fiscal, desconcertada por ese falso positivo policial, también pidió que se tomaran las medidas correspondientes frente a los funcionarios de esa institución que participaron en el juicio.

En la declaración se lee la forma como uno de los policías (Cristian Camilo García Lozada) desmiente el hallazgo de la cocaína, asegurando que él también participó en la diligencia citada y manifestó que tuvo a cargo el registro del lugar donde Salazar Robledo (jefe del operativo) dijo haber encontrado la sustancia sicotrópica, en la cocina de la residencia.

“(…) donde no halló ningún elemento material de prueba, a pesar de haber buscado con suficiencia, incluso debajo de la nevera donde supuestamente se encontró el alcaloide por aquel, aunado a lo cual el perro antinarcóticos que ayudó en la actuación tampoco encontró nada”, dijo la fiscal.

Y agregó que, de acuerdo con la declaración del patrullero García Lozada, “(…) manifestó que con posterioridad a él haber efectuado el registro pertinente, notó una actitud extraña y nerviosa en Yonathan (Salazar Robledo), quien ingresó a la cocina y sale con una bolsa negra en la mano, que estaba presuntamente entre el recipiente que almacenaba el arroz y la nevera, al notar esa irregularidad no quiso seguir participando en la diligencia y se salió del lugar, tampoco, pese a la insistencia, suscribió el acta de allanamiento y registro”.

Ante esa realidad probatoria y procesal, la fiscal del caso explicó que la nueva versión de los hechos genera un amplio margen de duda frente al hallazgo de la sustancia en la casa de habitación del incriminado, que dio lugar a la imputación y acusación de este por conservar estupefacientes.

“Contradice todo lo informado por el primero de los citados al indicar claramente que en la residencia NO se encontró ningún elemento que diera lugar a la investigación de Mosquera Maturana, aunado a ello si se revisa el acta de allanamiento y registro, se evidencia que tal y como él lo informó, no la suscribió y que su nombre fue insertado en ella por quien la diligenció, pero se insiste no aparece su rúbrica en ese documento”, concluyó la fiscal.

El juez de este caso compulsó copias en la sentencia absolutoria, para que se investigue penal y disciplinariamente al entonces patrullero de la Sijin, Yonatan Salazar Robledo.

Diego Molano, ministro de Defensa

Testigo que no aparece

Eran las ocho de la noche del 26 de enero de 2017 cuando el mototaxista Gustavo Marín Osorio fue asesinado.

Recibió tres impactos de bala y su cuerpo, junto al automotor, fueron abandonados entre los cañaduzales de la vereda El Aguacate, a escasos minutos de La Virginia (Risaralda).

Gracias a un testigo ‘milagroso’ que vio con lujo de detalles la perpetración del crimen y se lo relató al investigador líder de la Sijín de la Policía, se ordenó la captura de tres sospechosos: Edwin Leonardo Ospina Calle, Wilmar Andrés Zapata Calle y Esmeralda Rojo Ríos.

Ellos tres tienen en común ser residentes de La Virginia, no gozar de buena reputación y ser considerados socialmente como “desechables”.

Con la declaración del testigo y la versión de otros policías que aseguraron ver a esos tres sospechosos en la zona de los hechos el día y hora del homicidio, fueron capturados, imputados y acusados. En la actualidad están en juicio, pero en libertad por vencimiento de términos.

Sin embargo, este caso podría derrumbarse jurídicamente por una sencilla razón: el testigo que aseguró haber presenciado el crimen, identificar y señalar a los tres responsables de ejecutarlo, no estaba en el lugar de los hechos, sino en otro municipio.

Así se desprende luego de que José Julián González, abogado defensor de uno de los acusados, pidiera la sábana del abonado celular del testigo estrella. La sábana es el nombre técnico para describir la ubicación de un celular, basados en el registro de las antenas repetidoras que utilizó durante las llamadas.

Según esos registros, el día y hora del homicidio del mototaxista, ese testigo estrella estaba en límites de la ciudad de Dosquebradas y Pereira; es decir a casi una hora de distancia en carro.

El abogado también descubrió otro hecho que llama la atención. En los registros de las llamadas del testigo, aparecen conversaciones entre el testigo estrella y el investigador de la Sijin que lo llevó a ese caso: el patrullero Pedro Aguillón Martínez.

A primera vista cualquiera diría que es normal que existan llamadas entre el investigador judicial y el testigo estrella, pero lo curioso es que esas conversaciones aparecen registradas antes del homicidio del mototaxista.

Eso quiere decir que testigo e investigador ya tenían una comunicación previa a los hechos. A esa circunstancia se añade que hasta la fecha no ha sido posible que el testigo comparezca en el juicio para ser contrainterrogado por la defensa. Todo el caso se fundó sobre una declaración que él firmó.

En el proceso solo existe un número telefónico para contactar al testigo, porque él mismo se ha negado a brindar más información como lugar de residencia, asegurando que su vida corre peligro tras ser objeto de amenazas, tal como lo informó a la Fiscalía el propio patrullero Aguillón Martínez.

Eso quiere decir que el único testigo del homicidio del mototaxista, es una fuente a la que solo tiene acceso el investigador de la Sijin que lo llevó al caso y hasta la fecha nadie distinto a él le ha visto la cara para hacerla una sola pregunta: ¿Cómo pudo ser testigo de un homicidio en La Virginia, si el día y hora de los hechos, según su celular, él se hallaba en otro municipio a una hora de distancia?

Testigo con problemas de visión

Edwin Alexánder Díaz Acevedo fue capturado e imputado por el homicidio en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2021 en una de las canchas del barrio El Dorado de Pereira (Risaralda) y la víctima fatal fue identificada como Andrés Felipe Valencia Jiménez.

El presunto homicida fue a juicio, pero luego de un controversial proceso probatorio un juez le dictó sentencia absolutoria el pasado 10 de diciembre de 2021.

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Como en el caso del mototaxista de La Virginia, aquí también apareció un testigo estrella aportado por un investigador de la Sijin.

Ese testigo fue más allá, porque además de ver el homicidio, aseguró que observó al asesino justo en el momento que escondía el arma y se escurría por un matorral y lo identificó fotográficamente.

No obstante, su testimonio padecía de pequeños detalles que motivaron su desestimación como referencia para determinar la culpabilidad del acusado: tenía problemas de visión, estaba a casi cien metros de distancia de los hechos narrados y se ubica en el lugar del homicidio una hora antes del crimen.

A lo anterior se suman otros elementos igualmente llamativos. El investigador de la Sijin que lo llevó al caso como testigo, no pudo describir concretamente cómo se contactó o conectó con esa fuente clave para el caso judicial.

“(…) contó que uno de los policiales le refirió tener un testigo; sin embargo, no pudo precisar quién era ese miembro de la institución, solo atina a decir que es un policial del sector Cuba de esta ciudad”, argumentó el defensor público dentro del proceso judicial.

Por todas esas inconsistencias un juez del circuito de Pereira absolvió al acusado del homicidio y en la misma sentencia compulsó copias para que se investigue penal y disciplinariamente al patrullero de la Sijin, por los presuntos delitos de participación en actos contra la administración pública y en conductas punibles atentatorias de la recta y eficaz administración de justicia.

Un dato adicional. Ese patrullero de la Sijin a quien el juez ordenó investigar es Pedro Aguillón Martínez, el mismo del caso del mototaxista asesinado en La Virginia.

Diego Molano, ministro de Defensa

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