En un informe de 25 páginas y más de 900 folios anexos, el Personero Municipal de Villavicencio, Jairo Andrés Becerra Acosta, detalló que el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman y funcionarios del municipio y de la empresa Alborada, hoy gerenciada por Efraín Mojica Rubio, “pudieron haber incurrido en faltas disciplinarias, fiscales e incluso penales, al realizar contratación directa mediante convenios y/o contratos interadministrativos, con la recién creada Alborada E.I.C.E, ya que al parecer esta última…no contaba con la capacidad técnica, financiera, de infraestructura, de personal y mucho menos contaba con experiencia, para llevar a cabo los convenios o contratos.”
No obtente, el titular de este órgano de control advirtió previamente que no tienen competencia para iniciar la investigación, porque el Acalde tiene la calidad de servidor público de elección popular, por tal razón puso en conocimiento de la Comisión Regional de Moralización, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Concejo Municipal de esta ciudad esta situación.
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Así las cosas el Personero afirmó que después de celebrar los convenios y contratos con el Municipio, la empresa Alborada E.I.C.E subcontrató con terceros todo lo que le contrató el municipio por más de $23 mil millones de pesos, ocasionando además un detrimento patrimonial al Municipio, porque la subcontratación tuvo un menor valor de lo que le giró el ente territorial a Alborada.
Según el informe en 2021, tan solo tres meses después de creada la empresa Alborada, que tiene una planta de personal de 9 funcionarios, y actualmente solo tiene 5 nombrados, el Municipio celebró con esta empresa un convenio marco, con una duración de 10 años, para la prestación del servicio de sistemas eléctricos, eficiencia energética, iluminación y alumbrado público en el municipio de Villavicencio, y en la vigencia de 2022 celebraron las dos entidades otro convenio marco para la conformación de la unidad de gestión catastral del municipio y para la operación de dicho servicio.
Con fundamento en esos dos convenios marcos, el municipio de Villavicencio ha celebrado con Alborada diez (10) contratos interadministrativos por un valor de $23.194.490.442.
Según la Personería, el municipio justificó la contratación directa con Alborada, con los convenios marco y los contratos interadministrativos, solamente en que las actividades contratadas tienen relación directa con el objeto de la empresa, pero que no se tuvo en cuenta que no tenía experiencia e idoneidad técnica en esas actividades, y que al no contar con esta experiencia e idoneidad, la empresa subcontrató dichas actividades, violando los funcionarios del municipio y de Alborada los principios de contratación pública de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva. Antes estos hechos, el Personero dijo que: “Se ha logrado evidencia que la Alcaldía de Villavicencio con la suscripción de estos convenios y contratos administrativos ha eludido los procesos de licitación Pública, a los que, en razón a su naturaleza como entidad del Estado, le es de obligatorio cumplimiento”.
Para soportar esta afirmación, en el informe se cita una reciente sentencia del Consejo de Estado en la que se mantiene una sanción de destitución e inhabilidad por 10 años que impuso la Procuraduría General de la Nación a funcionarios de la antigua unidad de contratación del Departamento del Meta por un tema similar, la celebración de convenios y contratos que esta entidad celebró con EDESA, también sin tener en cuenta experiencia e idoneidad técnica de la empresa para desarrollar el objeto contratado.
De esta manera, el Personero analizó uno a uno los convenios y contratos cuestionados.
En la contratación del alumbrado público, no entiende la Personería por qué no se tuvo en cuenta otras entidades, como la Electrificadora del Meta EMSA, que tenían la idoneidad técnica que Alborada no tenía, lo que llevó a esta a subcontratar con un tercero particular la totalidad del objeto contratado por el municipio, por un valor de $8.154 millones, y subcontratar el personal con una empresa de servicios temporales, es decir, tercerizar a los trabajadores, y tomar en arriendo la infraestructura necesaria para prestar el servicio de alumbrado público.
En este caso puntual, la Personería se preguntó: “si el objetivo… era que el municipio de Villavicencio a través de su empresa Alborada EICE tuvieran el manejo, la operación directa y la modernización del sistema de alumbrado público de Villavicencio, ¿Por qué termina Alborada EICE subcontratando esta actividad con un tercero?
La Personería afirmó que Alborada pasó a ser un simple intermediario entre el municipio y el contratista real del sistema de alumbrado público, evadiendo una selección objetiva del contratista.
Igualmente, se cuestiona que el municipio haya contratado de forma directa a Alborada para el alquiler, instalación, operación y mantenimiento del alumbrado navideño del 2021, y la empresa haya subcontratado dichas actividades con un particular a un menor valor.
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Y añadió: “Se está configurando en una acción sistemática de detrimento patrimonial al municipio y ratificando a Alborada EICE como un simple intermediario y una figura para que la administración municipal realice maniobras en líneas grises para eludir los procesos de selección pública de contratistas, como lo ordena las normas rectoras en contratación estatal.”
El Personero de Villavicencio también estudió los contratos suscritos por la Secretaría de Movilidad del municipio con Alborada por más de $14 mil millones de pesos, para el servicio de operación de la Secretaría, para prestación de servicios de movilidad inteligente y transformación e innovación tecnológica y estructural de la Secretaría, para la operación del sistema público de bicicletas, y para la operación y modernización de las zonas de permitido parqueo.
En este caso, insistió la Personería en que Alborada no tiene la idoneidad y experiencia en estas actividades, y llamó la atención sobre contratos con las mismas actividades y obligaciones en suministro de insumos para especies venales.
En los contratos para la operación del sistema público de bicicletas advirtió sobre un posible sobre costo, porque en 2018 el municipio contrató dicho servicio, mediante una contratación pública, por un valor de $908.335.924 y en el 2021 se contrata de manera directa a Alborada por $2.363.159.425. Es decir, un aumento del 160.16%, sin ninguna justificación e incumpliendo la implementación de una octava estación del sistema.
El informe resaltó, además, que 20 bicicletas eléctricas que aportó Alborada no están en funcionamiento por no contar con los recursos tecnológicos para su rastreo, lo que reitera la falta de idoneidad de Alborada, empresa de tecnología y servicios. Además, se cuestionó que se hayan comprado bicicletas nuevas si el municipio adquirió unas en 2018, pero la Secretaría de Movilidad no informó dónde se encuentran estas.
Del contrato para la operación y modernización de las Zonas de Permitido Parqueo dijo la Personería que debió ser suspendido por razones de escases de insumos para la señalización de los sitios de parqueo y por la ocupación de los mismos por personas de manera informal.
También denunció el informe que el personal para esta actividad fue tercerizado con empresas de servicios temporales, con lo cual el alcalde Felipe Harman no está cumpliendo su promesa de “recuperar lo público y dignificar la vida de las personas vinculadas”.
Finalmente, el Personero sostiene que las actividades contratadas por el municipio a Alborada para la conformación de la unidad de gestión catastral del municipio y para la operación de dicho servicio, por un valor total de $1.294.981.086, fueron subcontratadas por Alborada con un tercero, la empresa Realtix SAS, evadiendo la licitación pública y generando sobrecostos para el municipio.
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