En casi 7 años se acumularon unos 11 cuadernos y 37 anexos en contra del cuestionado presidente del Congreso que, además de enfrentar una decisión de fondo sobre sus presuntos nexos con grupos ilegales, también tendrá que aclarar el posible ingreso de dineros ilícitos a su campaña en 2006, destaca El Espectador.

Sobre esos dos casos, la defensa del congresista pidió a la Corte archivar el caso porque, aparentemente, no había suficientes méritos para mantenerlo abierto.

Sin embargo, fue Teresita Barrera quien empujó el expediente hacia los magistrados luego de recabar más información sobre la ayuda financiera que habría prestado alias ‘Patemuro’, un extraditado narcotraficante, a su campaña política al Congreso.

A partir de ahí, cuenta Norbey Quevedo, Barrera, en calidad de magistrada auxiliar, entrevistó a Lizcano y a su mamá, Martha Arango, antes de reactivar el caso.

El huracán que amenaza con hundir al político de 40 años también lo enreda con la compra de un terreno de 56 hectáreas en Risaralda y en el que también es mencionado ‘Patemuro’.

Este predio es reclamado por la Unidad de Restitución de Tierras por haber sido despojado a campesinos que fueron desaparecidos.  No obstante la gravedad de la denuncia, Lizcano dice haber comprado de “buena fe” esa tierra.

Sobre este particular, Lizcano negó las afirmaciones que hizo la periodista Diana Salinas a La W en relación al posible despojo de esas tierras por grupos ilegales.

También desmintió, en su página web, posible tráfico de influencias o que tuviera alguna inhabilidad para contratar la construcción de una estación de gasolina en ese predio.

Teresita Barrera tuvo que renunciar a la Corte para afrontar una imputación de cargos por presuntas irregularidades en un proceso contra la exdirectora del IDU Liliana Pardo, en 2015, en su calidad de juez de la República, pero pudo encauzar el proceso para que no fuera archivado.

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