Como las exequias de la víctima, de 76 años, se llevaron a cabo en Santa Marta, autoridades de salud del departamento abrieron una indagación por el caso, y según Blu Radio lo que buscan es establecer si se incumplieron los protocolos para el manejo de pacientes sospechosos o con COVID-19 confirmado.
Al respecto, el secretario de salud del distrito, Humberto Mendoza, dijo en la emisora que la entidad “está haciendo la verificación en la clínica, la oficina de salud pública y en los permisos sanitarios que debió cumplir la funeraria para adelantar esos traslados”.
Esto, según el funcionario, porque “no están autorizados los traslados cuando el paciente tiene sospecha o confirmación de COVID-19”.
A esta queja se sumó el secretario de salud del Magdalena, Jorge Bernal, que en diálogo con El Tiempo fue más allá y exigió un pronunciamiento de la clínica involucrada para aclarar cuál fue el procedimiento.
“Queremos una explicación de la Organización Clínica General del Norte del por qué omitió todos los protocolos que se exigen cuando un paciente muere probablemente por COVID-19. Por tratarse de competencia del Atlántico, hemos solicitado a las autoridades locales que actúen frente a este procedimiento incorrecto”, afirmó el funcionario.
Los dos medios coinciden en que las autoridades le están haciendo un cerco epidemiológico al virus, que ya le practicaron la prueba de COVID-19 a la esposa del fallecido y que están buscando a las cerca de 100 personas que tuvieron contacto en el sepelio. Fue por eso que se ordenaron pruebas masivas en el corregimiento de Tucurinca.
En cuanto al procedimiento de la clínica, el alcalde de la población, Efraín Ortega, había dicho en Blu que ese centro médico no debió entregar el cuerpo a sus familiares “si ya se le estaban haciendo las pruebas del COVID-19 […] debió permanecer con el cadáver como lo establece el protocolo”.
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