Así lo dijo la directora adjunta para las Américas de AI, Fernanda Doz Costa, citada en un comunicado de su oficina:
“Si las autoridades no toman acción urgente, los pueblos indígenas se encontrarán en una encrucijada con dos caminos impensables: o morirse de hambre o morirse por la pandemia”.
El organismo señaló que desde el pasado 17 de marzo, cuando el presidente declaró el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, comunidades indígenas de los departamentos de Casanare, Vichada y Meta, en el este del país, no han recibido apoyo gubernamental.
Esto, precisó AI, también ocurre a pesar de que esas comunidades han cumplido “estrictamente” con la cuarentena que culminará el 27 de abril.
“Si históricamente no han tenido acceso a la salud, al agua o a la alimentación, en el contexto de esta pandemia esta situación es muchísimo más grave porque no cuentan con condiciones sanitarias y sociales para enfrentar adecuadamente el COVID-19”, explicó Doz Costa.
Agregó: “Las autoridades colombianas deben adoptar medidas de protección social adicionales para aquellas poblaciones que se encuentran en situación especialmente vulnerable y están más propensas a contraer COVID-19”.
En Colombia hay 3.439 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 153 fallecieron y 634 se recuperaron.
Indígenas contagiados
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), hay dos casos confirmados en una comunidad del pueblo Yukpa asentada en Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, y otros dos en el pueblo de los Pastos, en el departamento de Nariño (limítrofe con Ecuador).
La ONIC advierte que hay 200.998 familias indígenas que están en riesgo por su cercanía a centros poblados con casos confirmados y porque hay deficiencias en la provisión de agua potable, alimentos y materiales de bioseguridad.
En ese sentido, AI señala que el acceso a centros de salud desde la mayoría de los territorios indígenas “es muy costoso por lo lejano e inaccesible”.
Comunidades seminómadas, en peligro
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello informó a Amnistía Internacional que la cuarentena ha supuesto dificultades para unos 3.000 indígenas seminómadas de Casanare, Vichada y Meta.
“Las medidas de aislamiento agravan su situación de vulnerabilidad porque no pueden acceder a sus medios de subsistencia al no poder desplazarse dentro de sus territorios. Asimismo, son pueblos indígenas considerados al borde de la extinción física y cultural”, precisó el organismo.
Igualmente advirtió que los pueblos indígenas que viven en la periferia de los municipios, como los Yukpa en Cúcuta, no “tienen posibilidad de cultivar sus alimentos y sobreviven de trabajos informales que actualmente no pueden desempeñar”.
“Muchas de estas comunidades no tienen acceso a agua potable ni a productos de higiene, imposibilitando la asepsia personal para prevenir el COVID-19”, aseveró AI.
Además, en Chocó, la ONIC ya alertó sobre 90 casos en estudio por presentar síntomas y tres posibles muertes por el virus.
LO ÚLTIMO
.svg)
