Otra polémica salpica a Gustavo Bolívar, una de las fichas del Pacto Histórico para buscar la Alcaldía de Bogotá en las próximas elecciones. El excongresista publicó una columna en la que aseguró haber contratado investigadores privados para acceder a la historia clínica de Diego Díaz, un excontratista suyo quien falleció en abril de 2021 cuando Bolívar tenía pendiente pagarle una deuda.

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La versión de Bolívar es que, en medio de los señalamientos en su contra que lo vinculaban con la muerte del empresario, él acudió a investigadores privados que habrían tenido acceso a la historia clínica de ese paciente para intentar demostrar que Díaz padecía depresión, con lo que pretendía verificar si su muerte había sido, o no, un atentado contra su propia vida a manos del fallecido en el que él estuviera implicado.

Entonces, dice Bolívar que los infiltrados lograron conseguir el documento que estaba en manos de la Fundación Valle del Lili, lo que –de ser cierto– se constituiría como una violación a la privacidad porque la información de salud es reservada, de uso exclusivo del médico tratante y el paciente.

“Me di a la tarea de averiguar las reales causas de la muerte de Diego y envié un par de investigadores a Cali. Clínica Valle de Lili. Indagaron con rigurosidad lo que había pasado y esa investigación, que incluye relato verbal de su historia clínica, con datos que nunca hice públicos por respeto con la memoria de Diego”, reconoció Bolívar.

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Son tales los cuestionamientos suscitados por el posible accionar de Bolívar, que la Fundación Valle del Lili publicó un comunicado en el que sostuvo que la institución tiene protocolos para la custodia de la información. EL COLOMBIANO se comunicó con esa clínica y respondieron que por ahora no darán más declaraciones sobre el caso.

Este diario también intentó contactar a Bolívar para establecer los detalles sobre el acceso a esa información, pero no obtuvo respuesta. La versión de su columna indica que él aún tiene en su poder un “relato verbal” de la información privada de la salud de Díaz, quien había militado en la Alianza Verde, un partido político cercano al Pacto Histórico.

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El caso de Bolívar con Diego Díaz se remonta a 2018 cuando la familia de Bolívar contrató a Díaz para instalar páneles solares en el desaparecido hotel Paraíso Estudios que era de su propiedad. El negocio quebró durante la pandemia y Bolívar le habría quedado debiendo a Díaz $ 70 millones, que al momento de su deceso no se habían pagado.

En medio de esa puja entró el actor Bruno Diaz, padre de Diego, quien asegura que su hijo atentó contra su vida por las presiones económicas que le habrían quedado del impago de Bolívar. El exsenador se ha defendido señalando que desde el momento de la muerte de Diego se comunicó con Bruno para buscar un acuerdo de pago y afirma que esa deuda tenía una proyección de pago a diez años.