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En la mañana del 20 de diciembre, la vía Las Palmas de Medellín fue testigo de una tragedia que expone los límites y peligros del gravity bike, una controvertida práctica juvenil. Yosman Stiven Cossio Urrego, junto a su novia, ambos de 17 años, descendían por esta carretera en una bicicleta modificada con pesas de gimnasio cuando un descontrol fatal los llevó a estrellarse violentamente. Mientras ella sobrevivió con múltiples lesiones, Yosman perdió la vida al fracturarse el cráneo. El accidente, ocurrido entre los kilómetros 12 y 13, se convirtió en el más reciente de una serie de incidentes mortales registrados anteriormente en esa misma práctica, según información oficial citada por El Colombiano.
La despedida de Yosman estuvo marcada por los símbolos de su pasión: banderas de Atlético Nacional y la compañía de su grupo de amigos dedicados a las “descolgadas” en bicicleta. Para ellos, más que una pérdida, su muerte significó el adiós a uno de sus héroes que desafió la velocidad en pendientes inclinadas. El gravity bike consiste en modificar bicicletas convencionales —instalando hasta 80 kilos de peso en la estructura—, buscando alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora utilizando únicamente los zapatos como freno, y evitando cualquier sistema mecánico tradicional de detención.
La modalidad, practicada sobre todo por jóvenes de zonas populares de Medellín como Bello Oriente, implica riesgos notorios. En ocasiones, descienden hasta dos personas por bicicleta, lo que aumenta la peligrosidad. Las crónicas frecuentes de accidentes fatales se explican, en parte, por la falta de regulación y el carácter clandestino de la actividad en estas vías públicas. Aunque existen eventos internacionales avalados de manera controlada, la realidad local dista mucho de este escenario idealizado.
No todos los accidentes terminan con una vida perdida de inmediato. El caso de Emmanuel Vallejo Morales, relatado por su madre a El Colombiano, muestra un lado aún más angustiante del gravity bike. Tras un accidente en 2013, Emmanuel lleva doce años postrado, cegado parcialmente y alimentado por sonda, producto de los traumatismos sufridos. Su madre, Gloria Patricia Morales López, encabeza campañas de prevención junto a la policía y las alcaldías, alertando a los jóvenes y a las familias sobre las consecuencias de esta práctica.
Pese a estos esfuerzos, el “llamado de la velocidad” para muchos resulta irresistible. Prueba de ello es Alejandro García, conocido como Popeye, quien lleva más de una década participando en descensos, incluso fuera del país, sin desestimar el riesgo. Relata el cambio en el enfoque de las autoridades: antes, los controles eran intensos, incluso con uso de balas de goma; hoy en día, apenas se detiene a los practicantes o se incautan bicicletas excepcionalmente. El combate institucional mezcla jornadas pedagógicas y operativos de tránsito, pero la naturaleza espontánea y la movilidad del gravity bike lo hacen difícil de erradicar por completo, como coinciden las autoridades de Medellín y Bello consultadas por El Colombiano.
Al final, para estos jóvenes la velocidad y el vértigo, experimentados sobre carreteras empinadas y fuera de cualquier medida de seguridad, representan tanto una pasión como un desafío a la vida misma. Las cifras de muertos y heridos no parecen disuadir la fascinación que sienten, manteniendo abierto el debate entre riesgo, libertad y responsabilidad colectiva.
¿Qué medidas han tomado las autoridades para intentar controlar la práctica del gravity bike y con qué resultados?
La creciente cantidad de accidentes y víctimas mortales ha motivado a las autoridades municipales y de tránsito a adoptar estrategias combinadas para disuadir y controlar la práctica del gravity bike principalmente en las vías empinadas de Antioquia. Tanto la Policía de Tránsito como las secretarías de movilidad de ciudades como Medellín, Envigado y Bello ejecutan controles, incautan bicicletas, imponen sanciones y desarrollan campañas de prevención acompañadas de pedagogía y sensibilización. Según declaraciones recogidas por El Colombiano, las autoridades también intentan evitar que los jóvenes se cuelguen de vehículos de carga para trasladarse a los puntos de descenso.
No obstante, estas medidas presentan limitaciones evidentes. La reducción de los controles estrictos, el carácter clandestino de la actividad y la persistencia de los practicantes complican su erradicación efectiva. El relato de los jóvenes muestra que la presión institucional ha disminuido, haciéndose esporádica y menos efectiva en comparación con años anteriores. El desafío para las instituciones públicas sigue siendo encontrar un equilibrio entre la prevención del riesgo y el respeto a la libertad individual, abordando una costumbre arraigada en colectivos juveniles de la región.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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