Este lunes, después de que se conociera formalmente que la excongresista costeña, condenada por compra de votos, y que se fugó el primero de octubre pasado en Bogotá, fue capturada en Maracaibo, el Ministerio de Justicia anunció que si es pedida en extradición por la Corte Suprema de Justicia, esa solicitud se tramitará ante el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y no con Nicolás Maduro.

Ese anunció, que parece motivado más por un interés político (diplomático) que de justicia, despertó el sentido común de los colombianos, que lo tradujeron en una pregunta simple: ¿si Juan Guaidó no ejerce ningún tipo de poder sobre las fuerzas armadas venezolanas, que son fieles a Maduro, por qué pedirle a él la extradición de Merlano?

Aunque Blum habló este lunes por la mañana con varios medios, en donde enfrentó diferentes preguntas con la misma respuesta (“Cuando la Corte Suprema de Justicia solicite la extradición de Aída Merlano, el Gobierno Nacional hará la solicitud ante el gobierno legítimo de Venezuela, en cabeza de Juan Guiadó. Colombia no reconoce y no tiene relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro”), fue en Caracol Radio en donde le hicieron la pregunta.

“Con esa estrategia [la de apelar a Guaidó y no a Maduro] también, un poco de rebote, se ponen de lado [el Gobierno] de aquellas personas a las que no les conviene que Merlano vuelva a Colombia, porque tiene información mucho más que relevante sobre la corrupción electoral, que es el gran daño de nuestra democracia”, le planteó Juan Eduardo Espinosa a la jefe de la diplomacia colombiana.

Y después le hizo la pregunta más directa: “¿No los pone eso también a ustedes jugándoles a los que no quieren que ella venga a contar lo que sabe?”.

La respuesta de la canciller fue la misma: “Es que nosotros esperamos que la señora Merlano responda ante las autoridades colombianas, y aunque no tenemos relaciones diplomáticas con el gobierno ilegítimo de Maduro, nosotros sí esperamos y agotaremos todas las instancias para que ella responda por sus actos en el país”.

“Pero es que las Fuerzas Armadas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana están en control de Nicolás Maduro, le guste al Gobierno colombiano o no”, le dijo Espinosa. “Juan Guaidó no tiene sobre ellas ningún tipo de poder, luego parecería que ese trámite no sirve para nada”.

Blum contestó: “Nosotros sí esperamos que la señora Merlano responda ante las autoridades colombianas, y ante… hay una complejidad diplomática al no tener relaciones con el gobierno ilegítimo de Venezuela, que ahora la tiene [a Merlano] en su territorio, nosotros agotaremos todas las instancias para que ella responda por sus actos en el país”.

Más temprano, el abogado Hernando Herrera, del equipo de esa emisora, había explicado que si bien Colombia tiene un tratado de extradición vigente con Venezuela, el Gobierno Nacional no reconoce el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, por lo que calificó de “inane” hacer la solicitud a Guaidó, “porque, desde esa perspectiva, el señor Guaidó no es el que tiene bajo su cautela a Merlano”.

Recomendó, entonces, pedir la deportación de Merlano, que es más expedita, y no su extradición. La deportación, explicó, “es una figura unilateral que le permite a cualquier Estado que detecte irregularmente a un ciudadano enviarlo a su país de origen. Eso sería lo que podría aplicar acá”.

Descartó la posibilidad de que Merlano pida asilo político en Venezuela (y de que ese país se lo dé) porque está solicitada mediante circular roja por Interpol. “Además, ella no solo cometió abultados delitos en Colombia, sino también en Venezuela: el aparente soborno, falsificación de documentos, eventualmente lavado de activos”, dijo el jurista.