Se esperaba que este lunes el Jefe de Estado anunciara si entregaría el proceso a la firma que funge como originador o abría el proceso de contratación pública a los oferentes que mostraron su interés en encargarse de la extracción del tesoro.
La decisión estaba en vilo porque un ciudadano interpuso una acción popular para detener el proceso de adjudicación de la APP. El recurso quedó en manos del Tribunal de Cundinamarca, que todavía no se ha pronunciado y el contrato podría anularse si los magistrados le hallan la razón al ciudadano.
Sobre eso, el Santos señaló:
“El Tribunal aún no se pronuncia sobre esta pretensión, sobre estas medidas cautelares, de manera que he tomado una decisión: por respeto a las instancias judiciales; al Estado de Derecho, que siempre ha sido una norma en mi gobierno durante todos estos años, y garantizando la seguridad jurídica de todos los sujetos que aquí han intervenido he tomado la decisión de suspender los términos del proceso en curso”.
El Presidente agregó: “Esto es una muestra más de nuestro compromiso con el patrimonio, con las leyes colombianas y con la historia. Hemos antepuesto los intereses culturales y científicos a cualquier otra motivación y es así como hoy entregamos un sitio arqueológico sin intervención alguna. Enriquecido y lleno de conocimientos y con un modelo completo de gestión que incluye los recursos económicos necesarios para su intervención científica”.
Ahora, el proceso puede extenderse hasta después del 7 de agosto, y la decisión estaría en la nueva administración de Iván Duque.
En días pasados, la ministra saliente de Cultura, Mariana Garcés, informó que entregó toda la información a la comisión de empalme del presidente electo Iván Duque, ahora liderada por Carmen Vásquez. En esa ocasión, Garcés aseguró que su administración dio “una explicación clara, sustentada, y con cada uno de los documentos que la respaldan. El comité de empalme quedó tranquilo sobre el tema”.
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En el proceso, Maritime Archaeology Consultins Switzerland AG (MACS) es la empresa que elaboró la propuesta inicial de este proyecto y se conoce en el proceso como el originador. Esta firma posee una investigación histórica, metodológica y cartográfica que permitía realizar la exploración, según ha explicado el Gobierno.
Sin embargo, estaba abierta una convocatoria pública para que los interesados en hacer parte de la Asociación Público Privada (APP), sin desembolso de recursos públicos, presentaran sus propuestas, con las especificaciones técnicas, científicas, tecnológicas y financieras exigidas por el Gobierno, pero con la decisión del Jefe de Estado el proceso quedará suspendido.
El costo del proyecto es de 197.727 millones de pesos y su objeto es la exploración, intervención, preservación y divulgación de los bienes que se encuentren en el naufragio.
Las condiciones también establecieron “el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada, la cual se compone de un laboratorio para la conservación de materiales y un museo que permita la divulgación y apropiación del patrimonio cultural de la Nación”.
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