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“A doña Liliana y a don Gustavo, padres de Diego Felipe Becerra, a sus amigos y compañeros, y en general a toda la sociedad colombiana, reitero este perdón que ofrezco en nombre del ministerio de Defensa”. Esa fue una de las frases con las que el ministro Iván Velásquez ofreció disculpas, en nombre de la Policía y el Estado colombiano, a la familia del grafitero y rapero Diego Felipe Becerra, quien el 19 de agosto de 2011 fue asesinado por el entonces patrullero Wilmer Alarcón, en el noroccidente de Bogotá.
Es uno de los desenlaces del expediente de un joven de apenas 16 años quien, con el seudónimo de “Trípido”, rayaba las calles de la capital y dejaba estampado su característico Gato Félix, el cual se convirtió en un símbolo de resistencia contra la impunidad y los montajes judiciales orquestados por policías. La ceremonia se enmarca en el proceso de solución amistosa que pactaron la familia de Becerra y el Estado colombiano, encabezado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Velásquez agregó, en su discurso, un llamado de atención a los policías de Colombia. “Hay que respetar la vida. Que en sus actos lo fundamental sea el respeto de la vida. Que se respeten los derechos de toda la población. Que un compromiso personal de cada hombre y cada mujer de la policía nacional”. A su turno, el director de la Policía, el general William Salamanca, prometió que se garantizará la no repetición. Familiares de víctimas atribuidas a miembros de la Policía, como en el 9-S o en el caso Dilan Cruz, se pusieron de pie y respondieron que esa promesa, para ellos, definitivamente, no es verdad.
Tras el reclamo de las familias de víctimas, Gustavo Trejos, padre de Diego Felipe Becerra, utilizó el micrófono para exaltar el nombre de su hijo y rechazar lo que considera una sociedad enferma, que normaliza la violencia. Y que ve dormir los expedientes más injustos en los despachos de justicia. “Diego Felipe merecía disculpas. Nosotros lo esperamos”, agregó. Nombrar al joven grafitero le quebró la voz, pero, aun así, aseguró estar de pie para seguir peleando el expediente y ayudando a las familias que se reunieron en la ceremonia.
Liliana Lizarazo, madre de Becerra, entra al escenario con un discurso evocado desde la profundidad de una madre víctima, pero también resiliente. “Ninguno de esos 4.492 días ha dejado de estar presente en mi mente, corazón y alma. Fue su omnipresencia la que nos motivó a luchar incansablemente contra el vil montaje que la Policía Nacional hizo en su contra”, dice. Lizarazo sorprende al público revelando que hoy es el cumpleaños de su hijo, quien, si no fuera por el condenado patrullero Alarcón, tendría 29 años. Parte del público llora. El alto gobierno mira con atención.
El caso Diego Felipe Becerra
En la tarde del 19 de agosto de 2011, Becerra salió con un grupo de amigos a grafitear el puente peatonal de la Calle 116 con Avenida Boyacá. Cuando estaban dejando plasmado aquel Gato Félix, una patrulla de la Policía llegó al lugar. Todos corrieron hacia el oriente. El entonces patrullero Alarcón, hoy condenado a 37 años de prisión, persiguió al grafitero Becerra y solo lo pudo alcanzar luego de que la víctima tratara de esconderse detrás de un árbol. Una vez aprehendido, Becerra huyó de nuevo y, cuando le había sacado metro y medio de ventaja a Alarcón, el victimario le disparó por la espalda.
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A Becerra se le encontró en la escena únicamente latas de pintura, pero miembros de la Policía Nacional, incluido el asesino, crearon toda una historia fantasiosa en la que el joven grafitero quedaba como un bandido que había asaltado un bus y que, per se, merecía ser ajusticiado con arma de fuego. Esa fue una hipótesis que un grupo de policías de la Metropolitana de Bogotá, quienes participaron en la documentación del proceso, desplegaron ante la justicia y los medios de comunicación. Pero poco a poco la tesis se fue quedando sin piso. De hecho, a Becerra le pusieron un arma de fuego al lado del cuerpo.
Noticias uno, un mes después del asesinato, reveló la comunicación de Alarcón con la central de información en la que su tesis se desbarató: “Central… es que cuando llegué el señor salió corriendo, lo iba persiguiendo y cuando lo encontré en un poste, central. Central. Cuando me sacó del bolso. Central creí creí que tenía un arma. Central. Y le disparé”, confesó Alarcón. A la par, decenas de personas salían a protestar a las calles capitalinas, exigiendo justicia por lo que se llamó como un caso de falso positivo judicial urbano. Las cámaras de medios de comunicación y alternativos recordarán, desde entonces, a unos indignados Liliana Lizarazo y Gustavo Trejos exigiendo justicia por su hijo.
Alarcón, entonces, fue expulsado de la Policía. En febrero de 2012, la Fiscalía le imputó homicidio agravado y desde entonces estuvo preso hasta que en agosto de 2016 fue dejado en libertad por orden de un Juzgado de Garantías, basado en el largo tiempo que ha pasado desde que inició el juicio y no había certeza sobre la condena. La sentencia contra Alarcón llegó recién hasta 2017, sin embargo, para entonces ya estaba prófugo de la justicia. El victimario se había escondido en Casanare, donde finalmente efectivos del Gaula de la Policía lo hallaron en agosto de 2021. Está condenado a 37 años de prisión, como lo determinó el Tribunal Superior de Bogotá.
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Por el montaje judicial, además, fueron condenados en octubre de 2021 el subintendente Rossemberg Madrid Orozco, el teniente Nelson Jesús Arévalo, el subintendente Fleyber Leandro Zarabanda, el subintendente Juan Carlos Leal y el abogado Héctor Hernando Ruiz, quien era asesor de la Policía Metropolitana de Bogotá. Todos fueron sentenciados a condenas de entre 11 y 22 años de cárcel. “Se determinó que el patrullero Wilmer Antonio Alarcón Vargas alteró la escena de los hechos, pues ubicó un arma de fuego en el lugar, y tal situación fue conocida por sus compañeros y superiores, quienes continuaron con esa versión durante la investigación”, detalló la Fiscalía.
Durante el desarrollo de las investigaciones, fue imputado y acusado el general (r) de la Policía Francisco Patiño, quien fue el comandante de la Metropolitana de Bogotá durante 2011 y quien, a cambio de su ascenso a general, ofreció disculpas a la familia Becerra ante el Congreso en 2013. La hipótesis en su contra es que sabía de la ubicación de un arma de fuego en el lugar del homicidio, del falso testimonio brindado por un conductor de una buseta, quien testificó que Becerra era un atracador, y de la entrega de bonos de mercado por valor de $ 200.000 a la esposa de este último. Además, habría direccionado las declaraciones de sus subalternos para que la Policía de desligara del crimen. El tiempo le dio la razón a la familia Becerra en cada una de las instancias judiciales.
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