La incertidumbre por el paradero del excomandante de las desaparecidas autodefensas sigue causando revuelo en el país. Mientras su defensa sigue tramitando su deportación a Italia, en Colombia no es claro qué va a pasar con él.
El alto comisionado, Miguel Ceballos, dijo este jueves, en entrevista con W Radio que si los abogados de Mancuso se consideran hábiles, el Gobierno “también puede serlo”, y esto lleva al planteamiento del Estado:
“Lo que está anunciando el presidente es algo muy contundente y muy serio, el Tribunal de Derechos Humanos de Europa tiene una responsabilidad y es juzgar los delitos contra ciudadanos de cualquier parte del planeta y, en ese sentido, tenemos un recurso. yo sé que a veces estas cosas nos llevan al pesimismo pero hay un recurso válido y hay un tribunal serio que ha demostrado juzgar a aquellos criminales que han cometido los peores delitos en el mundo. Así se vaya él para Europa, hay un tribunal al cual nosotros recurriremos con toda la fuerza”.
Ceballos detalló en Blu Radio que a eso se refiere el presidente cuando habló de acudir a la “jurisdicción universal”, en dos trinos que publicó más temprano sobre el caso del exparamilitar.
Sin embargo, la estrategia en la que se enfocaría el Estado colombiano tiene un error clave en relación al derecho internacional, y es que “los tribunales de DD. HH. no juzgan individuos sino Estados” y por eso allí no pueden juzgar a Mancuso, explicó en Twitter el constitucionalista Rodrigo Uprimny, y eso lo hizo preguntarse si “¿es esa la habilidad jurídica de este Gobierno?”.
Por eso, añadió que lo que se debe hacer es “una solicitud robusta y bien hecha de extradición para que éste responda por sus crímenes en Colombia, en vez de plantear hipótesis como la del Tribunal Europeo de DD. HH. sin bases jurídicas“.
Pero no fue el único en señalar el error, Juan Sebastián Córdoba, un experto en el tema que actualmente trabaja con la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en Suiza, explicó en la W que Ceballos cometió un “grave error” en su planteamiento porque ese tribunal al que quiere acudir “no tendría la competencia para juzgar a Mancuso”.
Según él, ese proceso se debería hacer ante la Corte Penal Internacional, que constaría de un estudio en una fase preliminar y sería allí donde se podría llegar a un juicio, como lo han hecho con criminales de lesa humanidad de África.
“Esa sería la instancia internacional más no el Tribunal Europeo, que lo que hace es sancionar a los Estados cuando violan los derechos humanos. […] Por eso el planteamiento de Ceballos no tiene ningún sentido a la luz del derecho internacional”, precisó.
No obstante, el Gobierno tendría un salvavidas para evitar llegar a eso y es que, en un video difundido por Noticias RCN, el mismo Ceballos aseguró que “el Tribunal Superior de Bogotá, a través de su sala de Justicia y Paz, ha revocado la libertad a prueba que había decretado a favor de Mancuso y ha dictado una orden de captura”. Eso garantiza, según el alto comisionado, que la solicitud de extradición que estaba en marcha esté vigente.
Además, existen otras dos solicitudes de extradición que, según él, no han recibido respuesta del Gobierno de Estados Unidos. No obstante, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, y quién le ha hecho seguimiento al proceso, afirmó que Duque no planteó el tema durante un encuentro que tuvo con altos funcionarios de ese país:
Notable: El pdte. @IvanDuque NO planteó el tema de la extradición de Mancuso en su reunión del lunes con altas autoridades del gobierno de Trump.
Lo revela el periodista @APjoshgoodman.
¿No es una prioridad para el gobierno traer a Mancuso a Colombia? https://t.co/GYhiwee0aN
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) August 20, 2020
Cabe recordar que durante su militancia en las AUC a Mancuso se le atribuyen por lo menos 300 asesinatos y la autoría intelectual de varias masacres como las de Mapiripán, El Salado y el Aro, en las que también se ha visto salpicado Álvaro Uribe.
El exjefe paramilitar cumplió una condena por nacotráfico de 12 años en marzo pasado y está detenido provisionalmente en una cárcel federal de Estados Unidos mientras se define el país al que será deportado. Eso motivó a que su defensa alegue que se le están vulnerando los derechos.
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