Gran revuelo se ha desatado por la jugada que pretende hacer el Ministerio de Justicia con la propuesta de reformar la política criminal en Colombia. De hecho, desde septiembre la presidencia del Congreso encabezada por Roy Barreras junto a la la oficina del Alto Comisionado presentó un borrador técnico sobre el sometimiento de bandas criminales, aunque la iniciativa tenía varias líneas rojas. 

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Por ejemplo, que fuera un procedimiento judicial y no transicional, además ser de sometimiento a la justicia y sin estatus político. También, el cumplimiento de penas carcelarias y que se hiciera uso de las normas que ya existen, incluyendo la extinción de dominio. 

Precisamente, durante todo octubre esta propuesta fue discutida con la Fiscalía y otras instituciones. Pese a que se le hicieron algunos ajustes, no se presentaron grandes cambios en el borrador principal antes de su radicación en el Congreso.

Sin embargo, el viceministro de Justicia, Camilo Umaña, hizo una propuesta que para él era más ambiciosa y que reforma toda la política criminal en Colombia, incluso va mucho más allá de la paz total impulsada por el Gobierno de Petro.   

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Y es que la idea del funcionario es incluir el artículo 167 a la Ley 65 de 1993, que habla sobre el Código Penitenciario y Carcelario. Lo que pretende esta cartera es impulsar una estrategia de concientización ciudadana sobre la política criminal en prensa, radio y televisión. Una idea que no ha caído muy bien en algunos medios y que va en contravía del trabajo periodístico.

Codigo Penitenciario y Carcelario – Ley 65 de 1993 by Fabian Ramirez on Scribd

La comunicadora Darcy Quinn fue la encargada de revelar el borrador del documento, que inicialmente plantea un trabajo conjunto entre el Gobierno y los medios. “La prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programadores de televisión que operen en el país deberán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa”.

Finalmente, lo que más desató controversia fue la propuesta de que las piezas periodísticas que se hagan deberán pasar por un proceso de revisión para su publicación, lo que representa un claro riesgo para la libertad de prensa en Colombia. 

“Los contenidos podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación, pero para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se cerciorará de la difusión de los contenidos mencionados a través de medios virtuales masivos”, señala el documento. 

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