Por: LA PATRIA

Noticias de Manizales y Caldas: todo en actualidad, investigación, deportes, vías y noticias de la región en La Patria.

Este artículo fue curado por pulzo   Oct 6, 2025 - 12:58 am
Visitar sitio

El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN), impulsa una estrategia para ampliar el acceso a la educación superior en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La iniciativa “La U llega al colegio” permitirá a estudiantes de colegios públicos acceder a formación técnica y profesional sin salir del territorio. Con una inversión de 25 mil millones de pesos, se construirá una nueva sede universitaria que beneficiará a 561 jóvenes en San Andrés y 115 en Providencia. Los programas iniciales se enfocarán en energías renovables, expresión artística y saneamiento ambiental, y contarán con el acompañamiento de instituciones como la Universidad de Caldas, Infotep, Universidad Popular del Cesar y UniColMayor, con arranque previsto en 2026, según información oficial del Ministerio de Educación.

Esta estrategia surge como respuesta a la Sentencia T-333 de 2022, que tras consulta previa reconoció el derecho a la educación superior para el pueblo raizal. El ministro Daniel Rojas Medellín ha subrayado el carácter fundamental del derecho a la educación, independientemente de la condición social o ubicación geográfica, y la pertinencia de una oferta educativa situada para evitar migraciones forzadas y endeudamiento juvenil, una preocupación recurrente entre habitantes del archipiélago, de acuerdo con cifras citadas por el MEN. Además, la UNESCO respalda la importancia de una educación intercultural y con enfoque territorial, destacando el valor de preservar identidades culturales y lenguas nativas como el Creole.

La participación de la Universidad de Caldas, con experiencia en programas de educación superior descentralizada como “Universidad en tu Pueblo”, facilita la consolidación de una oferta académica localizada en territorios apartados. Este modelo, valorado por organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), contribuye a reducir la emigración educativa y fortalecer el desarrollo regional. Por otra parte, la colaboración con instituciones regionales diversifica las opciones académicas y fomenta la integración educativa.

Asimismo, el MEN implementó un Programa de Educación Intercultural Multilingüe con énfasis en lenguas nativas e inglés en cuatro planteles de la zona, un esfuerzo alineado con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para preservar la cultura y favorecer el aprendizaje significativo. En paralelo, se han establecido condiciones para que 778 niños accedan a educación inicial digna, junto al fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con enfoque culturalmente pertinente y posibilidad de gestión comunitaria, en concordancia con lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Lee También

La nueva sede universitaria, cuya construcción contempla la participación de la comunidad raizal, responde a demandas históricas por una institución que promueva el desarrollo local y respete la identidad cultural. Así, la política educativa en las islas busca algo más que aumentar la cobertura: procura crear oportunidades para la juventud, fomentar el arraigo y la preservación cultural en coherencia con directrices de organismos internacionales. Los esfuerzos del Gobierno se orientan hacia un modelo de educación superior territorializada y multicultural, considerado esencial para disminuir desigualdades educativas en regiones afrodescendientes e indígenas, como señalan estudios recientes del Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esta propuesta integra inversión en infraestructura, pertinencia cultural y alianzas institucionales, configurando un ejemplo potencial para otras zonas apartadas de Colombia y América Latina.

¿Por qué es relevante el enfoque intercultural y multilingüe en la educación del archipiélago?
El enfoque intercultural y multilingüe resulta fundamental en el contexto del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina porque reconoce la diversidad cultural y lingüística del pueblo raizal. Según la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preservar las lenguas nativas y fortalecer la identidad cultural contribuye al aprendizaje significativo y al bienestar de las comunidades afrodescendientes. Implementar programas educativos que valoren el Creole y propicien el bilingüismo apunta a una justicia educativa que trasciende la transmisión de conocimientos técnicos, permitiendo la integración de valores, tradiciones y la herencia de generaciones en los procesos escolares.

Este enfoque también responde a desafíos históricos en la inclusión de comunidades insulares e indígenas en el sistema educativo colombiano, donde la homogeneidad lingüística y curricular tradicionalmente ha marginado a estudiantes con contextos culturales distintos. Dotar a la educación superior de pertinencia territorial no solo evita la pérdida de identidad, sino también promueve el arraigo y reduce fenómenos como la migración forzada por motivos académicos.

¿Qué significa la Sentencia T-333 de 2022 y cómo afecta a la educación superior en San Andrés?
La Sentencia T-333 de 2022 reconoce, tras un proceso de consulta previa, el derecho del pueblo raizal del archipiélago a acceder a la educación superior. Según el Ministerio de Educación Nacional, esta decisión histórica tuvo como base la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades y de ofrecer programas acordes a la realidad cultural y territorial de estas comunidades insulares. De este modo, la sentencia obliga al Estado a promover una oferta educativa que no solo sea accesible físicamente, sino también relevante y respetuosa de las particularidades del contexto local.

La implementación de este fallo judicial ha impulsado programas como “La U llega al colegio” y toda la estrategia de ampliación de cobertura y pertinencia educativa en la región. Así, la sentencia marca un precedente jurisprudencial que puede orientar políticas públicas similares en otros territorios con poblaciones étnicas, afrodescendientes o indígenas, asegurando la garantía de derechos fundamentales mediante la educación.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.