El primer caso intentaba determinar la presunta apropiación de recursos públicos por parte de los miembros de la Juntas Directivas de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB S.A. ESP) y de la Transportadora de Gas Internacional TGI, que en el mes de marzo de 2014 aprobaron la compra del 31,92% del paquete accionario de TGI por USD$880 millones a la compañía Inversiones en Energía Latino America Holdings IELAH España.
La policía judicial financiera determinó que la valoración que se hizo de las acciones de la TGI era la adecuada y en cuanto a un posible pago de dividendos la evidencia no permite establecer que esto hubiera ocurrido.
La investigación también se emitió porque la evidencia no acreditó que en la compra se hubieran cancelado por doble partida los dividendos de 2013 en cuantía de $ 130.066.744 que le correspondían al accionista IELAH España.
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El proceso incluía a la exgerente de la empresa de Energía de Bogotá, Sandra Stella Fonseca, además de ocho integrantes de la junta directiva de esa entidad.
Por otro lado, la Fiscalía decidió volver a indagar a Petro y a su exsecretario de Planeación Distrital, Gerardo Ardila Calderón, por la expedición del Decreto 364 del 2013, por medio del cual se modificó el POT de Bogotá.
El ente investigador encontró mérito para continuar la investigación por el delito de abuso a la función pública, por una eventual transgresión a la ley penal al expedir mediante decreto una modificación al POT, después de haber sido rechazado por el Concejo de la ciudad.
Este proceso fue archivado en 2014, en consideración a que no se pudo constatar que se hubiera configurado el delito de prevaricato por acción en cabeza de los indiciados.
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