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La Fiscalía General de la Nación presentará el escrito de acusación en contra del coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, quien es señalado de tener un papel fundamental en la aplicación de una prueba de polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido. El escrito distribuyó el proceso judicial ante el Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, estableciendo la audiencia de formulación de acusación para el miércoles 18 de febrero, a las 8:00 de la mañana.
De acuerdo con la Fiscalía, al coronel Feria se le imputan los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Los hechos, ocurridos a comienzos de 2023, salieron a la luz como parte de un escándalo que marcó uno de los primeros golpes en la administración actual y generó profunda polémica en la opinión pública sobre los límites de la autoridad estatal.
Según las conclusiones de la investigación, la Fiscalía reconoce que Marelbys Meza fue trasladada a un recinto destinado a pruebas de polígrafo y obligada a participar en el procedimiento sin contar con respaldo de una orden judicial, lo que constituye una vulneración a sus derechos fundamentales. El organismo esclarece que ni Feria ni los miembros de la fuerza pública involucrados contaban con autorización legal adecuada para someter a una persona ajena al personal vinculado al Gobierno nacional a este tipo de prácticas.
El propósito de este procedimiento, sostiene la Fiscalía, era esclarecer el destino de una suma de dinero presuntamente sustraída el 29 de enero de 2023. Se alega que el coronel Feria, en su calidad de jefe de la Oficina de Protección Presidencial, instruyó a otros funcionarios a fin de tomar medidas excepcionales en el esclarecimiento del caso, haciendo uso indebido de las capacidades estatales y excediendo las funciones legítimas del cargo.
El escrito de acusación enfatiza que este tipo de pruebas deben realizarse únicamente a funcionarios públicos o integrantes del Gobierno, y evidenció cómo Meza, al tratarse de una trabajadora externa, estuvo expuesta a un procedimiento irregular. Además del coronel Feria, serán llevados a juicio el mayor Duván Andrés Muñoz Hernández, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente John Alexander Sacristán Bohórquez, quienes, según la Fiscalía, cumplieron las órdenes superiores en la realización de la prueba de polígrafo.
En relación con este caso, el 17 de julio del año anterior, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena de diez años de prisión contra los policías Alfonso Quinchanegua y Dana Alejandra Cañizales Bonilla. Estos funcionarios de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijín) de Bogotá, admitieron su participación tanto en la interceptación ilegal de comunicaciones de Meza, conocidas como ‘chuzadas’, como en la alteración de documentos oficiales elaborados durante la investigación de un hurto reportado por Laura Sarabia. Los delitos aceptados incluyeron fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público, por lo que recibieron sentencias de varios años de prisión.
¿Por qué las pruebas de polígrafo solo pueden aplicarse a personal del Gobierno nacional?
La exclusividad en el uso de pruebas de polígrafo para funcionarios del Gobierno nacional obedece a límites jurídicos y normativos que protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos. Según la investigación de la Fiscalía, este tipo de pruebas constituye un método de verificación que sólo puede utilizarse con personas sujetas a las reglas y acuerdos laborales establecidos desde la administración pública, evitando así abusos que comprometan la autonomía o intimidad de trabajadores externos o particulares. Situaciones como la que vivió Marelbys Meza demuestran la importancia de estos límites y las consecuencias legales de ignorarlos.
El caso genera inquietudes en torno a cómo se garantiza la legalidad y el respeto de los derechos humanos al interior de las instituciones armadas y del Estado. La definición y el respeto de estos procedimientos no solo tienen el objetivo de regular la actuación de los funcionarios, sino también de preservar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la protección pública.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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