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En medio de la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña de Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales, este martes se conoció que la familia de uno de los magistrados a cargo del proceso tuvo que abandonar el país por cuenta de amenazas.
Según pudo establecer El Colombiano, se trata de los hijos menores y la esposa del magistrado Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) quien, de la mano del magistrado Benjamín Ortiz (Partido Liberal), es uno de los ponentes del proceso que pide formular cargos a la campaña por presunta violación de los topes en más de $5.355 millones.
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Fuentes de primera mano le confirmaron a este diario que la determinación la adoptó Prada buscando proteger a sus familiares de eventuales ataques o agresiones.
Prada también es investigado por presunto soborno a testigos por la Corte Suprema de Justicia. Se trata del mismo lío judicial por el que fue llevado a juicio el expresidente Álvaro Uribe. En este caso, Prada habría terminado involucrado por supuestamente querer favorecer a su líder político.
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En mayo pasado, tras meses de investigación y análisis, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada radicaron ante la Sala Plena el proyecto de apertura de investigación y formulación de cargos contra Petro y Ricardo Roa, su entonces gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol. El documento advierte no solo violación de topes de campaña, sino presunta financiación irregular.
Los dos indagaron especialmente por las cuentas reportadas de la Sociedad Aérea de Ibagué, que transportó al presidente Gustavo Petro en campaña a varias regiones del país, junto con quienes en ese momento integraban su equipo y eran candidatos al Congreso. Se estima que de cada $10.000 que la campaña gastó en servicios de transporte para movilizarse en la primera y segunda vuelta de 2022, al menos $6.500 se los pagaron a la Sociedad Aérea de Ibagué.
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Este lunes, con toda la atención de los medios de comunicación y de los sectores políticos y judiciales, el Consejo Nacional Electoral sesionó para decidir la formulación de cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro solicitada en una ponencia.
Tras varias horas de deliberación en la sede del CNE (no en una guarnición militar como se había pensado), este tribunal administrativo decidió aplazar la votación hasta el próximo 30 de septiembre, luego de que la magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana al Gobierno, pidió que el expediente rotara por cada uno de los ocho magistrados en funciones.
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La sesión se dio en un contexto tenso, lleno de expresiones amenazantes de Petro sobre un supuesto golpe de Estado al que el mandatario le ha dado cabida en todos sus discursos durante las últimas dos semanas. La teoría del presidente es que un sector diverso del país estaría teniendo una incidencia en la decisión del CNE para destituirlo; se refirió a la “oligarquía”, aunque después mencionó a “grandes mafiosos contrabandistas” y luego señaló directamente a María Fernanda Cabal de “planear el golpe”.
El supuesto golpe no tiene que ver nada con el CNE porque este solo puede imponer sanciones administrativas, como la devolución de la reposición de los votos. Las advertencias del presidente parecen tener que ver con la eventualidad de que el caso pase a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y a las plenarias del Congreso para que de ser el caso se vote el juicio político.
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Lo anterior, de acuerdo con el artículo 109 de la Constitución, podría significar la pérdida del cargo: “La violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”, dice el artículo.
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Sin embargo, como lo ha explicado El Colombiano, ese escenario es realmente muy lejano y la definición de cualquier consecuencia sobre su campaña podría verse incluso después de que Petro abandone el cargo en agosto de 2026. Así lo han explicado varios juristas y exmagistrados del CNE que conocen bien los tiempos y la forma en la que operan las investigaciones.
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