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Inicia la audiencia de juicio contra Álvaro Uribe Vélez, a sus 71 años, el expresidente enfrenta cargos por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
La diligencia se realiza ante la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia.
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La Fiscalía General de la Nación lo acusó de ser el determinador de un plan para manipular testimonios y pruebas en beneficio propio y de su hermano, Santiago Uribe. Este caso ha sido particularmente complicado y controvertido, caracterizado por múltiples solicitudes de preclusión y el paso de seis fiscales diferentes.
Vea la audiencia aquí:
Los cargos que enfrenta Álvaro Uribe
El caso se originó cuando la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra Uribe en 2018, basándose en indicios de que su abogado, Diego Cadena, habría sobornado a exparamilitares para obtener testimonios favorables en un litigio que enfrentaba al expresidente con el senador Iván Cepeda. Tras la renuncia de Uribe al Senado, este perdió la investidura y el caso fue trasladado a la Fiscalía, que en dos ocasiones solicitó archivar el proceso. Sin embargo, el fiscal Gilberto Villarreal, formuló una acusación formal contra Uribe.
Hace unas semanas el proceso fue asignado a la fiscal delegada ante la Corte Suprema, Marlenne Orjuela Rodríguez.
La defensa ha cuestionado la consistencia de la acusación, particularmente en lo que respecta a la interpretación de términos como «dolo eventual y directo», argumentando que la Fiscalía ha incurrido en variaciones jurídicas que afectan la validez del proceso.
Así va el caso de Álvaro Uribe
El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe inició en 2018 en la Corte Suprema, luego que el Senador Iván Cepeda denunciara supuestos sobornos a paramilitares recluidos en la cárcel. Seis años después, la Fiscalía llama a juicio a Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
El proceso fue abierto en la Corte Suprema de Justicia, quienes ordenaron el 03 de agosto de 2020 detención domiciliaria en su finca «El Ubérrimo», donde estuvo recluido por 67 días, pero luego de la renuncia de Uribe a su investidura de Senador, su proceso pasó a la Fiscalía por no tener fuero constitucional y el 10 de octubre de 2020, el Juzgado 30 de garantías de Bogotá, ordenó la libertad del procesado Uribe Vélez.
Luego de dos solicitudes de preclusión y cinco fiscales que han estado a cargo del proceso penal, se tenía programado para julio el comienzo del juicio.
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En mayo, la Juez 44 de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Herrera, rechazó la solicitud de nulidad del proceso presentada por la defensa de Uribe. Jaime Granados argumentaba que la indagatoria rendida por el expresidente ante la Corte Suprema de Justicia no equivalía a una imputación de cargos. Sin embargo, la juez Herrera señaló que este asunto ya había sido resuelto por la Corte Constitucional, la cual había determinado la equivalencia entre la indagatoria y la imputación de cargos, desestimando así los argumentos de la defensa. Por lo que el caso pasó al Tribunal Superior.
Durante la audiencia de acusación, del 24 de mayo de 2024, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villarreal, argumentó que Uribe habría instruido a su abogado, Diego Cadena, para que influyera en los testimonios de estos testigos clave.
El 27 de agosto el Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de nulidad presentada por los abogados defensores Jaime Granados y Jaime Lombana.
El Tribunal dejó en firme la acusación presentada contra el expresidente Álvaro Uribe. El proceso se retomará en la fase de audiencia preparatoria. La decisión del magistrado Manuel Antonio Merchán, concluyó que no había fundamento legal para aceptar la nulidad solicitada por la defensa, la acusación contra Uribe se mantiene bajo el concepto de dolo directo.
Según la fiscalía, se buscaba que estos testimonios fueran favorables para el expresidente y su hermano, ambos vinculados a investigaciones por presuntas relaciones con grupos paramilitares.
Esta fue la acusación presentada por en ente acusador:
«La Fiscalía estima que el imputado ÁLVARO URIBE VÉLEZ, conociendo los acontecimientos trascendentes relatados acá, y siendo consciente de cada uno de sus actos y consecuencias, encaminó su voluntad o querer al objetivo delictual trazado, esto es con dolo directo, en beneficio propio o de terceros, y en menoscabo de la eficaz y recta impartición de justicia y de derechos o intereses superiores de sus víctimas, de esta manera determinó la comisión de las conductas punibles que adelante se reseñan.
Con relación a la (causal) de agravación, por un lado, se aquilata que su proceder lo llevó a cabo abusando o desconociendo la posición distinguida que ocupaba en la sociedad, especialmente por los cargos que había ostentado, su posición económica, ilustración, poder y autoridad política.
Diego Javier Cadena Ramírez, en nombre y representación del doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, con la colaboración de otras personas, en diferentes establecimientos carcelarios y fuera de ellos, ubicó y contactó a ex militantes de grupos de paramilitares, para que, a cambio de favores jurídicos, dinero u otras dádivas, elaboraran escritos y videos a favor del Dr. ÁLVARO y de su hermano Santiago» dijo el fiscal en su acusación.
El proceso penal podría prescribir el 8 de octubre de 2025, por lo que las partes han solicita celeridad a las decisiones judiciales que se tomen en los próximos días.
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La juez 44 de conocimiento de Bogotá reconoció como víctimas a Jorge Perdomo, Deyanira Gómez y Luis Eduardo Montealegre; sin embargo, la decisión fue apelada El Tribunal Superior de Bogotá debe decidir si acepta como víctimas.
Es la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente enfrenta un proceso penal formalmente. La figura de Álvaro Uribe ha sido polarizante en la política colombiana, y este proceso judicial ha exacerbado las divisiones en la opinión pública.
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