
La decisión en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz que pide formular cargos contra Gustavo Petro y Ricardo Roa (hoy presidente de Ecopetrol) por presuntas irregularidades en las cuentas de la campaña presidencial parece condenada a la dilación. La idea sería alargar lo que más se pueda ese debate hasta que llegue un momento crítico, y eso ocurriría a mediados del año entrante.
(Le interesa: CNE se paró en la raya y contestó a Petro que sí puede investigar su campaña presidencial)
Prada y Ortiz estudiaron las denuncias de presuntas irregularidades en la financiación y luego de varios meses pidieron formular cargos. El presidente Petro no le reconoce competencia al CNE para investigar esas presuntas irregularidades, y, además, ha concentrado contra esa investigación toda su batería conceptual para señalarla como el “golpe de Estado blando” que viene anunciando en su contra desde hace varios meses.
Consejo de Estado le da la razón al CNE
Primero fue interpuesto ante el Consejo de Estado un recurso con el fin de que negara la competencia del CNE para investigar la campaña Petro presidente. Pero la Sala de Consulta de ese alto tribunal administrativo (que contó con el aval de la Sección Quinta del mismo tribunal y con una sentencia de la Corte Constitucional) reconoció la facultad del CNE. La defensa del presidente solicitaría después la nulidad del concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado.
Hace dos semanas, para evitar que empezaran a dilatarse los términos del proceso, y que cada uno de los magistrados solicitara por separado la rotación del expediente (de unas 300 páginas), el CNE tomó la audaz decisión de dar en rotación el expediente a todos ellos con el fin de que lo estudiaran. Sin embargo, la magistrada Alba Lucía Velázquez (del Pacto Histórico) no estuvo en la sala en la que se repartió el expediente por presentar una incapacidad de 20 días debido a una intervención quirúrgica.
Efectivamente, como se esperaba, en la sala plena de este lunes, Velásquez solicitó la rotación del expediente, situación que hizo aplazar de nuevo la discusión de la ponencia hasta el próximo 30 de septiembre. En esa misma sala plena se negó la solicitud de reintegro que hizo el magistrado Altus Baquero, basado en un reciente fallo de la Corte Constitucional, cuya notificación espera el órgano electoral. La presencia de Baquero es determinante para volver a conformar el quórum del CNE.
El abogado del presidente, Héctor Carvajal, pidió la suspensión de toda la diligencia hasta que se decida la nulidad que interpuso ante el CNE frente a la decisión relacionada con el conflicto de competencias con la Comisión de Acusaciones de la Cámara. En esto se vio respaldado por las magistradas del Pacto Histórico Velásquez y Fabiola Márquez. Pero la solicitud de Carvajal y de las dos magistradas fue negada.
Aliados de Gustavo Petro, con la mira puesta en 2025
Antes de que comenzara a sesionar la sala plena del CNE este lunes 16 de septiembre, llegó un correo electrónico con todas las trazas de que su intención era entorpecer las discusiones. Tenía la apariencia de un recurso, de apenas siete líneas, en el que el remitente solicitaba recusar a todos los magistrados del CNE debido a que “son enemigos del presidente porque pertenecen a partidos de la oposición”.
El remitente, identificado solamente como Manuel Silva, también solicitaba que los magistrados “respondan bajo qué ley actúan, porque la Constitución le prohíbe al Consejo Nacional Electoral investigar al presidente”, y pide, para ser parte del proceso como ciudadano, que le remitan todo el expediente, aunque no da ningún dato de contacto (ni identificación, ni dirección), salvo su cuenta de correo.




A todos estos factores se vienen sumando las presiones y amenazas que están recibiendo algunos magistrados, al punto de que Álvaro Hernán Prada, uno de los dos autores de la ponencia que pide formular cargos contra Petro y Roa por presuntamente haber violado los topes de la financiación de la campaña, informó que su familia tuvo que salir del país por razones de seguridad.
Se podría pensar que es normal que, en un órgano como el CNE, en donde tienen representación los partidos políticos, las discusiones, recusaciones y recursos sean el pan de cada día. Pero ha surgido una hipótesis que apunta a que los contratiempos que se están presentando en la discusión sobre la ponencia que busca formular cargos contra la campaña Petro presidente tengan otro propósito claro.
Los aliados del jefe de Estado estarían actuando con el fin de que corran los términos de este proceso y prescriba la investigación. El CNE tiene tres años para concluir y tomar alguna decisión, y ese tiempo se cumple el 28 de mayo del año entrante, fecha en la cual, si el CNE no ha tomado una decisión, queda imposibilitado para hacerlo luego.
De aquí a esa fecha aún hay un largo trecho, y se espera que sigan apareciendo objeciones para obstaculizar el curso del proceso. El afán para quienes quieren que el CNE no decida sobre la campaña Petro presidente es que entre los nueve magistrados que deben votar al respecto, solo dos se inclinan por los intereses del presidente: las magistradas del Pacto Histórico Velázquez y Márquez. Si la decisión se tomara hoy, la mayoría votaría a favor de la ponencia.
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